viernes, 21 de julio de 2017

Pablo Iglesias pide no criminalizar el "1 de octubre" y apuestas por un referéndum pactado

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha rechazado este viernes "criminalizar" la consulta del próximo 1 de octubre, e insiste en que la solución pasa por un referéndum pactado que permita avanzar hacia una fórmula de "soberanías compartidas" en un nuevo encaje constitucional de Catalunya.



En una entrevista en TVE, Iglesias ha criticado la "enorme torpeza" del PP por llevar al Tribunal Constitucional el Estatuto de Catalunya, y ha retirado que la solución a un problema político tiene que ser igualmente política y democrática.

Se mostró convencido de que el 80% de los catalanes desean ese referéndum y de que "más temprano que tarde" podrán votar para decidir su futuro. En ese momento, precisó, su propuesta será que Catalunya siga en un proyecto "colectivo" pero reconocida como nación con un nuevo encaje en la Constitución y mayor nivel de autogobierno, y auguró que será la opción mayoritaria.

Iglesias defendió la posición de Ada Colau como alcaldesa de Barcelona ante la consulta de octubre, al asegurar que es una "barbaridad criminalizar" esa expresión política pero a la vez "proteger el Ayuntamiento y las instituciones" para que puedan seguir sirviendo a los ciudadanos, algo que considera "razonable".

TAPANDO CORRUPCIÓN CON CATALUNYA

De cara a esa consulta, lo que le gustaría sería una movilización política "en libertad" y a partir del día siguiente "ponernos a trabajar para un referéndum de verdad, con garantías, vinculante", en el que no solo haya opción de independencia sí o no, sino una tercera para ese nuevo encaje constitucional.

Sin embargo, reconoció su "preocupación" porque el PP está "utilizando Catalunya para tapar su corrupción" y por ello no descarta una medida "represiva" que solo conseguiría "echar gasolina al fuego".

Ha alertado, en ese punto, de que le parece "una barbaridad" que alguien pueda ir a la cárcel por poner urnas, y que pretender que sean la Policía y los jueces quienes solucionen el problema es "una enorme torpeza" propia de quien "no está preparado para gobernar".

Al ser preguntado por sus coincidencias con el PSOE en este ámbito, ha subrayado que los socialistas han dado pasos que, pese a ser "cortos", son "menos que nada" y pueden ser "el preludio del paso que corresponde".

Por ello, después de reconocer que España es plurinacional pero limitar al ámbito cultural el reconocimiento de Catalunya como nación, cree que el PSOE culminará ese paso para reconocer además "alguna fórmula de soberanías compartidas".

Pese a las diferencias, considera que para gobernar España hay que entenderla, y que el PSOE y Podemos tienen un camino "muy interesante" que recorrer aunque "lo van a torpedear por todos lados" y ya está puesta en marcha "la maquinaria" para evitar que el entendimiento pueda concluir en un gobierno conjunto.

“No pedimos impunidad, pedimos justicia” (Familiar detenidos Alsasua)

El proceso sigue abierto y pendiente de juicio, así que todo son supuestos. La instrucción del caso sostiene que el 15 de octubre de 2016 dos guardias civiles (un sargento y un teniente) que no estaban de servicio y sus respectivas parejas fueron agredidas durante una pelea en un bar de Alsasua, una pequeña localidad de Navarra. Uno de los agentes terminó con una fractura de tobillo y las otras tres personas sufrieron policontusiones y magulladuras de carácter leve. Un mes después de los hechos, fueron detenidas ocho personas. En total hay 11 imputados, entre ellos dos menores de edad.La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado penas de 50 años de prisión por lesiones terroristas para seis de los acusados; 62 para otro de ellos, al que suma la acusación de amenaza terrorista, y 12 para otro de ellos, al que solo imputa este último delito.
 
 LA MAREA conversa con el padre de uno de los tres jóvenes que siguen en prisión preventiva. Pide que no revelemos su nombre para no restar protagonismo a las familias de los demás acusados
 
 
 
¿En qué momento del proceso se encuentran?
El día 4 de este mes salieron las peticiones de penas, que son estrambóticas. Piden 375 años para los ocho imputados, desde 62 años para el que más, hasta 12 y medio para el que menos. Estamos desencajados ante la desproporcionalidad con la que se ha tratado el tema desde el principio. Ahora estamos a la espera de juicio, se espera que sea en otoño.
 
¿Por qué están tardando tanto?
Nos están diciendo que las cosas suelen ir más lentas pero que en principio lo están acelerando. Aquí hay tres encarcelados. Se llegó a decir que fue un linchamiento de 20, 40 personas, pero después imputaron a 11 personas, entre ellas dos menores, y seguimos sin entender el tratamiento que se le ha dado a todo esto, una pelea de bar a altas horas de la madrugada.
 
¿Cómo están los detenidos?
Bueno, uno es hijo mío. Ellos en principio están en régimen FIES [Ficheros Internos de Especial Seguimiento], con tratamiento de terrorismo y las condiciones que ello requiere. Está todo intervenido, las comunicaciones, las cartas… Cuando vas a la visita en el auditorio, están encerrados con llave. En el caso de mi hijo estamos hablando de un chaval de 21 años al que se trata de terrorista. Es muy dura esta situación. Al principio estuvieron en la prisión de Soto del Real los tres, en módulos diferentes, pero hace poco más de un mes los trasladaron a cárceles diferentes de Madrid.
 
¿Qué ha cambiado en el pueblo desde que empezó todo esto?
Lo criminalizaron. Este es un pueblo muy dinámico, toda la vida ha venido gente de otras partes del estado, de Extremadura, de Castilla… Este es un pueblo variopinto que siempre ha recibido con los brazos abiertos a la gente, un pueblo que está totalmente unido. Han conseguido el efecto contrario de lo que querían. Estamos desbordados por el despliegue de solidaridad, se respira en la calle. Se creó una plataforma de apoyo a los detenidos, y ayer en Pamplona esta plataforma organizó una manifestación y llenó la Plaza del Castillo, que no es un trabajo fácil.
 
¿Cómo ha cambiado Alsasua desde aquella noche de octubre?
Esto lo han sacado de madre los medios de comunicación. Pensamos que esto puede estar orquestado desde antes. Una pelea de barrio, a las cinco de la mañana, con alcohol… Eso ha ocurrido en todas partes cada dos por tres. Hace poco hubo una en Lugo y otra en los sanfermines. Cuando en esos casos hay atentado contra la autoridad, se dirime en un juicio rápido, cuatro o seis meses de cárcel, la denuncia correspondiente y no va a más. En este caso le han dado todo el matiz político que han querido. Aquí cuando ETA dejó la actividad armada, se respiraba un clima normal, no había ese distanciamiento que han querido mostrar. Una de las novias de los guardias civiles llevaba 15 días en el pueblo y habló de Alsasua como si llevara toda la vida, poniendo en boca de gente del pueblo actividades que no se han dado ni en la época más difícil de Alsasua. Es terrible el tratamiento que se le ha dado este tema, las mentiras que se han vertido sobre el pueblo… Por ejemplo, aquí hay una carretera que divide el pueblo por la mitad. Muchos medios dijeron que uno de los márgenes, la parte del casco viejo, era la zona abertzale y la otra la nacional, cuando la realidad es que aquí en cualquier parte del pueblo se respira tranquilidad y normalidad. Es estrambótico.
 
¿Cómo ha enturbiado esto la percepción en el pueblo hacia los cuerpos de seguridad?
El temor está ahí. Han implicado a chavales por el hecho de estar ahí, y en este caso podría haber sido cualquiera que estuviera en el bar o fuera. Imagino que ahora levantarán el pie del acelerador en montajes de este tipo porque la gente no es tonta y se da cuenta de que esto está totalmente fuera de sitio, porque se les ha ido de las manos.
 
¿Alguien del entorno de la Guardia Civil se ha solidarizado con ustedes?
Sí. Mira, incluso el coronel jefe de la Guarda Civil en Navarra, cuando pasó toda esta vorágine a finales de noviembre, hizo una intervención pública que no trascendió a nivel nacional. Estamos hablando del coronel jefe de la Guardia Civil en Navarra. Dijo que Alsasua no es territorio hostil, que es un pueblo normal, con convivencia normal con la Guardia Civil.
 
El juez Baltasar Garzón, que ejerció en la misma Audiencia Nacional que ahora juzga este caso, volvió a repetir hace unos días que había una actuación desorbitada por parte de la Justicia. El fiscal Perlas pide en total 375 años de cárcel. En opinión de ustedes los familiares, ¿qué sería lo justo?
Nosotros no somos jueces. Lo primero que pedíamos era presunción de inocencia, que no la hubo en ningún momento. Desde el principio se criminalizó a los chavales. También pedimos que se haga una investigación real de los hechos, porque la instrucción de este caso se hizo basándose únicamente en el testimonio de los guardias civiles y sus compañeras. Pedimos justicia, proporcionalidad, que se juzgue esto en la verdadera medida de lo que fue. No pedimos impunidad. Estamos hablando de una pelea a las cinco de la mañana que acaba con un tobillo roto. Llegaron a decir que fue un linchamiento de 50 personas, pero si así hubiera sido, los habrían matado.
 
Los imputados son personas jóvenes sin antecedentes. ¿A qué se dedicaban? ¿Cómo les está afectando todo esto?
Imagínate. El mayor tiene 30 años, ese salía de trabajar y se asomó allí por casualidad. Le marcaron y ahora está imputado y podrían caerle 60 años encima. El resto son chavales, la menor tiene 17 años. Son estudiantes. Te puedo hablar de todos porque esto es un pueblo de 7.000 habitantes. Mi hijo es estudiante, aficionado al deporte, hacía una vida normal. No estaba metido en política, a pesar de lo que han dicho. Chavales normales, cada uno con su ideología, que están estudiando, haciendo vida normal. No les dan libertad porque, según el auto, son hijos de familias arraigadas, y el propio arraigo dicen que puede provocar que les facilitemos la huida. Antes eran los desarraigados los que podían huir en un caso así, pero en nuestro caso dicen que nosotros podríamos facilitar su huida. Es totalmente desproporcionado. Aquí la concentración de ayer fue tan multitudinaria porque la gente ve lo que está pasando. Por desgracia eso no se ve fuera, no trasciende más allá de los medios locales.
 
Muchos medios han difundido una versión caricaturizada de ustedes: familias sombrías, ultranacionalistas, del entorno de ETA… ¿Usted cómo responde a eso?
A mí me produce risa. Yo no soy ultranacionalista ni mucho menos. En el grupo hay gente de ideologías totalmente diferentes. Lo estamos llevando en grupo porque todo esto no es más que una pelea de barrio y no lo estamos politizando como lo han querido politizar ellos. Cada uno tiene su forma de pensar, pero eso no es un crimen. Otra cosa es que actúes de forma violenta. No hay nadie del grupo que sea una persona violenta, nadie ha estado nunca detenido… Que nos criminalicen así no es más que otra parte del relato que están generando sobre este tema.
 
¿Han recibido alguna amenaza?
No. Más allá de lo que se ha publicado en algunos medios, no hemos recibido amenazas personales.
 
¿Destacaría alguna muestra de solidaridad que le haya marcado de forma especial?
Las más cercanas. Todas esas muestras son muy importantes y las agradecemos todas. El 26 de noviembre a la primera manifestación que se hizo acudieron 20.000 personas. Imagínate 20.000 personas manifestándose en silencio en un pueblo de 7.000 habitantes. Vas por la calle y te están dando abrazos, el apoyo de decir “esto hay que desmontarlo, es una vergüenza”. La solidaridad de todo el mundo es muy importante, desde la más cercana hasta la que viene de Europa, pero ese apoyo cálido y cercano de un abrazo es el que te llega más.
 
¿A que se agarran en estos momentos para mantener la esperanza?
A la justicia. No pedimos otra cosa que justicia. Viendo cómo se están desarrollando las cosas, tenemos miedo, pánico. Estamos totalmente desamparados. Se ha establecido un relato totalmente diferente al real y no sabemos a qué obedece todo esto. El apoyo de la gente es lo que hace que podamos tirar para adelante y seguir luchando. Solo pedimos justicia.

jueves, 20 de julio de 2017

Las condenas de Gdeim Izik son un castigo político contra todo el pueblo saharaui

Aminatou Haidar considera que estas sentencias "son un castigo político contra todo el pueblo saharaui, contra su resistencia pacífica y contra la comunidad internacional"

La madrugada del 19 de julio fue larga para quienes esperaban el veredicto del juicio a 24 saharauis acusados del asesinato de 11 gendarmes marroquíes el 8 de noviembre, durante el desmantelamiento en 2010 del campamento Gdeim Izik, conocido también como 'Campamento de la Dignidad', a 14 kilómetros de El Aaiún, capital del Sáhara Occidental. En él, miles de manifestantes pedían el fin de la ocupación, y además de los agentes marroquíes, murieron dos civiles saharauis.
El escenario de la noche del martes no parecía favorable para los detenidos, confesó desde la puerta del Tribunal uno de los defensores de derechos humanos a eldiario.es. El despliegue policial en los barrios donde residen los activistas saharauis de El Aaiún, la falta de luz en el Tribunal de Apelación de Salé mientras los observadores internacionales esperaban en la calle el resultado, y el aumento de agentes secretos en Salé "hacían esperar sentencias duras".
Y se cumplieron los pronósticos. Después de 20 horas de deliberación, el Tribunal de Apelación de Salé dictó penas similares a las ya impuestas por el Tribunal Militar de Rabat en 2013. Castigos desde la cadena perpetua para siete saharauis, hasta lo más livianos, 20 años de cárcel para otras tres personas. En esta ocasión, dos presos quedaron en libertad por haber cumplido la condena durante los siete años que han estado en prisión.
Diech Daf, condenado a seis años y medio, y Bakay Arabi a cuatro años y cinco meses, quedaron en libertad y llegaron haciendo la señal de la victoria a las viviendas que los saharauis alquilan en Salé para visitar a sus familiares en la cárcel. "No tengo expresión, nuestra alegría es incompleta mientras que nuestros compañeros estén en la cárcel. No vamos a sentarnos, vamos a estar de pie para liberar a todos los saharauis en las prisiones", confesaba Diech a la televisión Smara News.

"Nadie se deja engañar"

Los condenados "están en plena forma", ha asegurado Claude Magis, la esposa de Naama Asfari, considerado el cerebro del campamento, que ha sido sentenciado a una pena de 30 años. Esta profesora francesa, varias veces expulsada de Marruecos, denunció telefónicamente que "han sido condenados sin pruebas, y nadie se deja engañar. La ONU tiene todo lo necesario para condenar a Marruecos. Todo está escrito y lo recibirán".
Campamento de Gdeim Izik
Campamento de Gdeim Izik
El presidente de la Coordinadora de las familias y amigos de las víctimas marroquíes, Ahmed Atertour, ha afirmado en declaraciones a la prensa que las penas son "equitativas para las dos partes" al no haberse dictado "pena de muerte" para ningún acusado. También agradeció a las asociaciones de la sociedad civil y a los abogados, marroquíes y extranjeros el apoyo a los familiares de los gendarmes fallecidos.
Aminatou Haidar, defensora saharaui de los derechos humanos y una militante en favor del derecho a la libertad y al autodeterminación del Sáhara Occiental considera que estas sentencias "son un castigo político contra todo el pueblo saharaui, contra su resistencia pacífica y contra la comunidad internacional", según explicó a eldiario.es. Es crítica con Marruecos porque, dice, "por desgracia, el aparato judicial marroquí no es absolutamente independiente y esta directamente dirigido por el Palacio Real Marroquí".

Un juicio para "maquillar" el proceso militar 

En 2013 el Tribunal Militar de Rabat dictó sentencia contra los 24 saharauis con condenas de los 20 años a la cadena perpetua. Después de tres años el Tribunal de Casación de Rabat la anuló. Marruecos decidió emprender un nuevo juicio tras la decisión del Comité de la ONU contra la Tortura de noviembre de 2016 que consideró que el país había vulnerado las Convención contra la Tortura en relación al acusado Naama Asfari. Entonces se inició de nuevo el juicio ante un tribunal civil "para demostrar que en Marruecos no se tortura", asegura Juan Soroeta, profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad del País Vasco.
Para este experto en Derecho internacional, que participó como observador internacional en ambos procesos, el objetivo era "maquillar" un juicio militar que "había sido irregular desde todos los puntos de vista". "El Tribunal de Casación estableció que no existían pruebas, y que no existían vínculos entre las personas procesadas y los fallecidos, de quienes no había autopsia", recuerda.
Sin embargo, la prensa marroquí achacó la anulación del tribunal militar a "no tener competencia". La Constitución de 2011 contemplaba que un tribunal militar no tenía competencia para procesar a civiles pero "no había un desarrollo de la ley", detalla Soroeta.
Solo dos días antes del veredicto, Amnistía Internacional y Human Rights Watch enviaron un comunicado advirtiendo de que las autoridades judiciales marroquíes debían asegurarse de que las sentencias que se dictaran en "un juicio masivo no se basan en confesiones o declaraciones que involucren a otros acusados y obtenidas mediante tortura u otros malos tratos durante los interrogatorios policiales".
El campamento Gdeim Izik se creó el 10 de octubre para exigir derechos sociales, políticos y económicos. Comenzó con 9 personas, y llegaron a reunirse hasta 20.000 ciudadanos acampados en jaimas, las tiendas de campaña de los pueblos nómadas. A los 21 días del asentamiento, las leyes internacionales hubieran permitido que fuese declarado campamento de refugiados. Pero para eso era necesaria la intervención de la MINURSO, la misión de la Organización de las Naciones Unidas para el Sáhara. Una posibilidad que no se dio porque este organismo se mantuvo al margen.
Entre los observadores, llegó el martes Mans Andersen, ex relator especial de la ONU, que calificó la detención de "arbitraria". Algo que se toma como una señal de que las instituciones internacionales reaccionarán y "se verán obligados a negociar con el Frente Polisario", piensa Claude Magin

Sonia Moreno en"El Diario.es"

miércoles, 19 de julio de 2017

Marruecos condena a cadena perpetua a ocho de los saharauis de Gdeim Izik

El Tribunal marroquí, parcial y dependiente según han denunciado diferentes observadores internacionales, acaba de hacer pública las condenas impuestas a los defensores saharauis de los derechos humanos, injustamente encarcelados desde la represión desatada contra el campamento de la dignidad, conocido como Gdeim Izik.
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Las condenas impuestas, desde la cadena perpetua a los 20 años de prisión, en un JUICIO ILEGAL y por parte de un TRIBUNAL ILEGAL, son una muestra más del odio que el régimen marroquí demuestra contra toda la lucha pacífica del Pueblo Saharaui en defensa de los derechos humanos y en particular en defensa del derecho de autodeterminación.
  • Desde CEAS - Sahara  denunciamos que se trata de TRIBUNAL EXTRATERRITORIAL e INCOMPETENTE dado que los hechos se circunscribieron al Sáhara Occidental, Territorio No Autónomo, ocupado ilegalmente por Marruecos, y por tanto, fuera de la soberanía, competencia y jurisdicción del citado Tribunal, siendo todo el proceso llevado a cabo NULO DE PLENO DERECHO.
  • Desde CEAS-Sáhara calificamos todo el proceso como un JUICIO POLÍTICO y a los presos como PRESOS DE CONCIENCIA, basándose de forma exclusiva las condenas en confesiones presuntamente obtenidas mediante la tortura y los malos tratos.
  • Desde CEAS-Sáhara recordamos que el Comité de la ONU contra la Tortura concluyó el pasado mes de noviembre de 2016 que Marruecos había vulnerado la Convención contra la Tortura en relación a uno de los condenados, Naâma Asfari.
  • Desde CEAS-Sáhara recordamos igualmente que atendiendo a los hechos denunciados la Audiencia Nacional Española concedió el 3 de octubre de 2016 el Estatuto de Refugiado Político a Hassanna Aalia, uno de los activistas juzgado en rebeldía y actualmente residente en el Estado Español.
El Pueblo Saharaui tiene derecho a la autodeterminación, ampliamente reconocido por la comunidad internacional y clasificado como una obligación erga omnes. Este derecho, y la lucha pacífica en su defensa, NO pueden aniquilarse mediante el establecimiento de condenas injustas e infames contras personas que únicamente han mostrado su compromiso con los derechos humanos de su pueblo.
Hacemos un llamamiento a todas las personas, organizaciones sociales y de Derechos Humanos, sindicatos, fuerzas políticas y demás entidades a expresar su repulsa por esta condena a todo un pueblo, denunciarla y movilizarse ante esta ilegal sentencia.
El Pueblo Saharaui, su legítimo representante el Frente POLISARIO, y las personas saharauis defensoras de los derechos humanos, NUNCA CAMINARÁN SOLAS.

" Usar la cara de Franco. Así no, compañeros" (Miguel Guillén)

"Utilizar la imagen de un dictador sanguinario como Franco duele, sea cual sea el objetivo que se quiera conseguir, en este caso igualar con el dictador cualquier persona que no vote en la movilización que se prevé para el 1 de octubre"
 
 
 
Este martes 18 de julio, justo cuando se cumplen 81 años del golpe de estado que dio inicio a la guerra civil española, algunas calles de Cataluña se han despertado con carteles con la cara de Franco con el lema “No votes el 1 de octubre. No a la república”. Carteles que, paradójicamente, no ha colgado ningún militante de Falange, sino que han sido miembros de la asociación independentista “República des de baix” (“República desde abajo”) quienes lo han hecho.
 
Lo primero que he pensado es que ver la cara de Franco representa para muchas personas un impacto muy desagradable que puede herir su sensibilidad. ¿Por qué? Porque todavía son muchas las personas vivas que sufrieron la represión franquista. Porque fueron muchas las que fueron asesinadas por un régimen totalitario que causó el terror sin escrúpulos sobre millones de españoles. Y porque son muchos los desaparecidos en miles de cunetas y fosas comunes de todo el país. De hecho, España es el segundo país del mundo con más personas desaparecidas por causas políticas, sólo superado por Camboya. Los que tenemos (teníamos) familiares represaliados y desaparecidos sabemos qué significa todo esto. No frivolicemos, por favor.
Muy probablemente quien ha ideado esta desafortunada campaña no ha sido represaliado por el franquismo, y seguramente no tiene ningún familiar ni ningún desaparecido ni asesinado por el régimen. Obviamente puedo estar equivocado, pero no encuentro otra explicación. La banalización del franquismo, el fascismo o el nazismo es un problema que sólo superaremos con más cultura y difusión de la historia, en la escuela, en casa, en las asociaciones y organizaciones civiles. No saldremos adelante si no somos conscientes como sociedad de la dimensión de la barbarie franquista. También en Cataluña, donde hubo represaliados y represores.
 
Utilizar la imagen de un dictador sanguinario como Franco duele, sea cual sea el objetivo que se quiera conseguir, en este caso igualar con el dictador cualquier persona que no vote en la movilización que se prevé para el 1 de octubre, si es que finalmente se convoca y se termina llevando a cabo. Quizás algunos militantes de la izquierda independentista que apoyan al gobierno de Junts pel Sí, que votaron la investidura del convergente Puigdemont y que aprobaron los presupuestos antisociales de la Generalitat tienen alguna manera de ejercer influencia sobre el Govern para que convoque y organice un referéndum algún día. Porque el conflicto se debería resolver votando; en eso creo que estamos de acuerdo.
 
Hoy, determinados sectores que no movieron un dedo contra la dictadura franquista quieren erigirse en firmes defensores de la desobediencia y el desafío (algunos por edad no pudieron, otros sí). Me parece perfecto. Sin aplicar desobediencia efectiva (no sólo simbólica) hacia aquellas leyes que se consideran injustas, nunca sería posible la independencia unilateral de Cataluña. Quede claro que desobediencia era por ejemplo jugársela en la negra noche del franquismo, cuando te exponías a duras penas de prisión o incluso a ser asesinado. Hoy, algunos consideran valiente desobediencia romper fotocopias, quemar papeles o trapos o hacer tuits supuestamente desafiantes, que como mucho te pueden llevar a declarar en comisaría o en el juzgado. Creo que la comparación no se sostiene. Ahora, encima, algunos tienen el poco respeto hacia las víctimas de utilizar la cara de Franco para meter en el mismo saco a cualquier persona que no comulgue con la hoja de ruta de JxS-CUP. Quizás no son conscientes de que, haciéndolo, banalizan el franquismo. Hace falta algo más de tacto y sensibilidad; con la memoria de los represaliados no se juega. Así no, compañeros.
 
publicado en "Público"

martes, 18 de julio de 2017

En apoyo a las 11 personas expulsadas del avión a Senegal el sábado 15 de julio

El pasado sábado 15 de julio de 2017 a las 16:25h salía desde Barcelona a Dakar (Senegal) el vuelo de Vueling VY7888. Se estaba demorando el despegue cuando se oyeron unos gritos desesperados de una persona que se encontraba en la parte trasera del avión. Al oír esos gritos varias personas preguntan a las azafatas qué es lo que ocurre, a lo que no se responde nada. La gente se pone de pie y el pasillo se llena con varias decenas de personas solicitando información.
 
 
Entre los pasajeros se comenta que se podría tratar de una persona que está siendo deportada a Senegal, la cual se encontraba maniatada en los últimos asientos del avión y rodeada de dos escoltas con guantes. Varias personas piden que la compañía constate esta información, que no había sido anunciada en el momento de la compra del billete, negándose a viajar con una persona en estado de angustia extrema, en lo que se considera una clara vulneración de los derechos humanos más básicos. Poco después sollozaba, en el mismo preocupante estado de nerviosismo: «No voy a volver. Je suis malade (estoy enfermo)».

 
El pasillo sigue repleto de gente que debate la situación y sigue haciendo preguntas. El avión no despega, pero ni el comandante ni la tripulación comunican nada en un primer momento. De hecho, cuando un pasajero le pregunta a una azafata por qué no estamos despegando, ésta alega que hay un problema con el equipaje. Más adelante, se constatará que ha habido un problema con el peso del equipaje, por el cual varias maletas no han subido al avión, cosa que habría podido causar ese retraso.

 
A pesar de las preguntas a la tripulación, no se hace ningún aviso oficial por megafonía. Una hora y media después, con el pasillo aún repleto de gente, se hace el primer anuncio por el micrófono en el que se solicita sentarse para poder proceder al desembarque del deportado. La gente aplaude y acto seguido se comunica que también se procederá al desembarque de todo el pasaje del avión. Ésta es la única comunicación oficial que tenemos por parte de Vueling.

 
Cuando nos encontramos desembarcando, se escoge aleatoriamente en la misma puerta de salida del avión a seis personas que, ante nuestra sorpresa, quedamos retenidas. El resto del pasaje sale y se le informa de que volarán más tarde con otra tripulación. Las seis personas allí retenidas somos identificadas y pedimos que se nos explique claramente qué está ocurriendo, así como el criterio utilizado para seleccionarnos. Se nos dice que no podemos viajar a Dakar y que una lanzadera nos llevará a recoger las maletas. Nadie nos aclara la razón por la que se nos ha escogido a nosotras seis y no al resto de decenas de personas que llenaron el pasillo desde el primer momento hasta el último. En el momento de la selección vemos como son dos pasajeros quienes con su dedo nos señalan para que se nos retenga.

 
Seguidamente se procede a la nueva embarcación del resto del pasaje y, antes de entrar al avión, otras cinco personas son seleccionadas, también arbitrariamente, y se procede de la misma forma que con las seis primeras identificadas. Finalmente, el vuelo sale con once personas en tierra, sin ninguna comunicación por parte de Vueling sobre la cuestión. Según constatan viajeros que volvieron a embarcar, el joven seguía profiriendo de nuevo angustiosos gritos.
 
Las once personas que aquí estamos nos juntamos por primera vez ayer. No nos conocíamos entre nosotras, y no organizamos ningún motín en el avión. Lo único que allí ocurrió fue que un chico se puso a gritar y una multitud de personas se levantó en el pasillo preguntándose qué ocurría y debatiendo, sin que Vueling comunicara absolutamente nada por megafonía salvo el desembarque. Se nos prohibió viajar de manera aleatoria. Había personas que participaron en los debates rechazando la deportación que no fueron expulsadas y personas que no dijeron absolutamente nada que están entre nosotras. Nadie nos ha explicado claramente ni el criterio ni las razones. Tampoco, en ningún lugar, Vueling ha informado a sus clientes de que podrían viajar con personas deportadas contra su voluntad, escoltadas y gritando desesperadamente.
 
De entre quienes estamos hoy aquí, hay quienes habíamos oído hablar de este tipo de deportaciones. Otras, a raíz de lo ocurrido, nos hemos enterado de la triste realidad de la expulsión de personas en vuelos comerciales. Lo sucedido en ese avión ha provocado el contacto con organizaciones que llevan años denunciando estas prácticas. A través de dichas organizaciones, hoy podemos saber que a nivel europeo varias personas han fallecido en este tipo de vuelos: tras ser amordazada (Osamuyi Aikpitanyi-9/6/2009), por no poder respirar (Jimmy Mubenga), asfixiada por una almohada para evitar gritos (Semira Adamu-1998), tras ser atada con más de 10 metros de cinta adhesiva (Marcus Omofuma-25/5/1999), en un precario estado de salud siendo desprovista de atención médica (Joseph Ndukaku-marzo de 2010), o por parada cardiorespiratoria tras ser introducida en un avión con un casco y atada de pies y manos impidiéndose que un médico le reanimara (Aamir Mohamed Ageeb).
 
Muchos son los colectivos que denuncian la continuidad de este tipo de prácticas. La Campaña Estatal por el Cierre de los CIE y el Fin de las Deportaciones informa de convenios firmados por casi 12 millones de euros anuales de dinero público con Air Europa (Grupo Globalia) y Swift Air entre 2013 y 2016, y con Viajes Barceló y Air Nostrum (filial de Iberia) ahora. De hecho, se sabe que el próximo día 24 se realizará un vuelo de deportación a Guinea Conakry que saldrá de Madrid y pasará por Barcelona. Queremos dar la voz de alarma y comunicar públicamente nuestro rechazo a este tipo de deportaciones, así como al trato recibido por parte de Vueling como pasajeros.
 
El suceso del día 15 no debe ocurrir nunca más. Ante los gritos continuados de una persona maniatada y en preocupante estado de salud y nerviosismo consideramos que cualquier persona con un mínimo de humanidad lo menos que hace es levantarse para ver lo que está pasando. Esto es lo que hicieron decenas de personas. Nosotras somos sólo once de ellas.
 
 

lunes, 17 de julio de 2017

"Decid ETA, gritad Venezuela" (Alberto Gómez Vaquero)

"Si Podemos señala a la luna con el dedo, el periodista mercenario dice ETA. O grita Venezuela. E intenta convencernos, por enésima vez, de que esa señora que estuvo a punto de perder la vida a manos de terroristas de ultraderecha y amenazada por ETA durante años es una batasuna. Una filoetarra. Poco menos que el diablo. Y a Kichi, directamente, le ponen rabos y cuernos en sus editoriales. Y un chándal de Venezuela, como a Hugo Chávez"
 
 
 
Uno no sabe si el periodismo fue alguna vez un oficio noble. Pero desde hace unos años, y en España, se ha vuelto difícil sentir respeto por una profesión en la cual, muchos de sus principales protagonistas, no hacen otra cosa que manipular y mentir a favor de su amo.
 
El razonamiento y el análisis han devenido en eslogan. La opinión en tertulianismo, entendiendo por tertuliano a una persona que acude a los platós a demostrar que es capaz de gritar más alto que el contrario. Y teniendo muy claro ya antes de entrar quién es el contrario y por dónde ha de atacarlo.
 
No se investiga, no se buscan porqués ni se aportan datos. Todo se basa en lo que Gambetta llamó el “machismo discursivo”, practicado, en lo que a las tertulias se refiere, igual por mujeres que por hombres. Una técnica que consiste en buscar imponerse al oponente mediante demostraciones de fuerza verbal (interrupciones, gritos, insultos, descalificaciones) destinadas a lograr el aplastamiento del otro, y el aplauso del público. Como si una tertulia fuera una pelea de gladiadores, y no un debate. Sumen a eso que la nómina de colaboradores de un medio es siempre la misma —con independencia de que se hable de terrorismo, economía, deportes o medio ambiente— y tendrán ustedes un sustrato estupendo sobre el que hacer crecer los disparates más grandes y floridos.
 
Y no nos engañemos. Que la mayoría de voceros ilustres pertenezcan ahora mismo al PP —y uso el verbo «pertenecer» con pleno conocimiento de causa—no se debe a que no haya periodistas dispuestos a vender su profesión y su tiempo a otros partidos, sino a que los populares controlan el presupuesto y, por lo tanto, puede premiar adecuadamente a los buenos periodistas.
 
No es casual, por ejemplo, que Telemadrid, ABC y La Razón lideraran el reparto de publicidad institucional del Canal de Isabel II entre 2006 y 2015 o que medios marginales como Intereconomía o Libertad Digital —muy liberales y, por supuesto, contrarios a las subvenciones— se llevaran también un buen pedazo de la tarta de todos en los años de reinado de Esperanza Aguirre. Y estos son los datos que llegamos a conocer. Imagínense los pagos en negro, las cenas en restaurantes de lujo con directores y periodistas estrella, las filtraciones interesadas, los sobres con pasta, los cochambeos…
 
Hace ya mucho que, desde ámbitos académicos, la objetividad del periodismo pasó a ser un mito. No sólo por la subjetividad que cualquier elección de un tema, y no de otro, implica, sino porque los medios contemporáneos son máquinas injertadas en un entramado económico y político no siempre claro. Frente a eso, al periodista de infantería le quedan como única salvación las llamadas rutinas profesionales: una suerte de heurísticas que le aseguran ser, si no objetivo, sí al menos justo en sus noticias. Ecuánime.
 
Pero, ¿es posible practicar esas rutinas en un entorno profesional como el español? Según un estudio del INE del año pasado, más del 16% de las personas formadas en periodismo o comunicación está en paro. Con casi 40 universidades que ofertan una carrera de periodismo y más de 21.000 estudiantes en sus aulas cada año, esto implica que cada verano unos cuantos centenares más de periodistas salen de las universidades… y no encuentran trabajo.
 
Con ese panorama y esa cola de espera para asaltar las redacciones, ¿puede un periodista arriesgarse a contravenir la línea del periódico o a plantar cara a sus jefes para publicar una determinada noticia o no publicar otra? En algún momento habría que hablar, seriamente, de la parte mediática de lo que Podemos ha llamado “la trama”, porque no hay nada más democrático que saber quién nos entrega las noticias que consumimos cada día, y por qué nos entrega unas y no otras. O nos las entrega montadas de determinada manera.
 
Si el caso de Marhuenda trajo al primer plano algo que, por lo demás, era de sobra conocido —que La Razón no es un periódico, sino el pregonero de Rajoy—, quedan todavía muchos medios cuya propiedad no es tan clara. Y no lo digo sólo por esa influencia que el dueño del medio tiene en la labor del periodista. Sino porque la diversidad de marcas puede dar una falsa sensación de pluralidad informativa. Una pluralidad que, en realidad, no existe. De manera que uno podría creer, por ejemplo, que ya que diversos medios tratan negativamente a un partido político, hay razones para ellos. Cuando la verdad puede ser que todos esos medios, en realidad, no sean más que uno.
 
En esa línea, los ataques de los últimos días contra Podemos señalándoles como cómplices de ETA —por una nueva torpeza política, eso hay que reconocerlo, del gobierno de Carmena—o sacando a pasear a Venezuela cada vez que el partido morado mencionaba la corrupción del PP, son una nueva prueba de que muchos ya han asumido que su papel no es ni pensar, ni transmitir información. Sino sólo repetir, como cotorras, los argumentarios más bestias escritos cada día en la sede del PP. Los que hacen retorcerse de placer a Rafael Hernando.
 
Así, si Podemos señala a la luna con el dedo, el periodista mercenario dice ETA. O grita Venezuela. E intenta convencernos, por enésima vez, de que esa señora que estuvo a punto de perder la vida a manos de terroristas de ultraderecha y amenazada por ETA durante años es una batasuna. Una filoetarra. Poco menos que el diablo. Y a Kichi, directamente, le ponen rabos y cuernos en sus editoriales. Y un chándal de Venezuela, como a Hugo Chávez.
 
O aseguran que no hay víctimas de primera y víctimas de segunda, mientras se apropian de las de ETA para desgastar al enemigo y se olvidan de las del franquismo porque hay que cerrar heridas. Todo sin argumentos ni datos. Todo fiado al eslogan.
 
Y ante ese espectáculo lamentable, sólo cabe agradecer el auge de medios digitales, las colaboraciones como las de los periodistas de investigación para destapar los papeles de Panamá, la creciente importancia para la circulación de noticias de las redes sociales, y el afortunado etcétera de fuentes de información que, en ocasiones de manera desinteresada, contribuye a que, antes o después, la mierda salga a flote.
 
Es esa descentralización de la información la que, a mi modo de ver —y en contra de lo que piensan los siempre melancólicos intelectuales de este país— garantiza hoy en día que, pese a los periodistas de pesebre y argumentario, acabemos siempre conociendo la verdad. Y las vergüenzas de tantos predicadores de tertulia. 
 

"La vida post-ETA: entre la reparación y el inmovilismo" (Edurne Portela)

En los últimos días ha habido dos noticias que tienen que ver con la vida post-ETA. Una es el acto que Julen Mendoza, alcalde de EH-Bildu, celebró el 28 de junio en el Ayuntamiento de Errenteria en homenaje a tres víctimas del terrorismo de ETA, asesinados en esa localidad. La otra noticia es la petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de cincuenta años de cárcel para las siete personas acusadas por las agresiones contra dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua. Una noticia nos habla de reparación, la otra de enquistamiento y revanchismo. Empezaré por la segunda, que es la más desagradable.
 
 
He defendido en varias ocasiones que las agresiones de Alsasua no deberían ser juzgadas como terrorismo, aunque tampoco se puede decir, como se repite constantemente, que lo que pasó fuera una mera trifulca de bar. Entiendo que sus familiares y abogados quieran aferrarse a esta defensa, pero cualquier conocedor de la realidad vasca sabe que las cosas por aquí no son tan sencillas. Esas agresiones responden a una lógica del conflicto que sigue viva, una violencia que si bien ya no tiene el recurso a las armas, sigue estando latente en algunos círculos de nuestra sociedad. Todavía hay gente que cree firmemente que este pueblo (el vasco) tiene un enemigo, encarnado en sus «fuerzas de ocupación» españolas y que, como enemigo, merece la agresión. Esa forma de entender la realidad, dentro de las viejas dinámicas de odio y confrontación, genera una violencia que no se debería banalizar ni hacer pasar por un simple enfrentamiento en un bar entre personas que no se caen bien. Pero el despropósito de la petición de la Fiscalía es tal que, si no fuera por la gravedad de los cargos, toda esta cuestión resultaría ridícula. El problema, además del serio peligro en el que están los procesados y el dolor que esta situación genera a sus familias, es que es un síntoma más del inmovilismo y la actitud vengativa y punitiva del Gobierno y de un sector del poder judicial de este país (y me refiero a España). Este inmovilismo -también reflejado en la negativa a entablar un diálogo sobre la dispersión, los abusos policiales o torturas, el reconocimiento de las víctimas de los GAL como víctimas del terrorismo...- pone serias trabas al necesario proceso de convivencia y restauración.
 
En contra del inmovilismo habló claramente Chema Herzog, entonces concejal del PP de Errenteria, en ese gran episodio de ‘Salvados’ grabado en 2013, dos años después del fin de la actividad terrorista de ETA. Al final del episodio, Herzog dice lo siguiente: «La convivencia se basa en el cese del agravio, porque el agravio lleva al rencor, y el rencor a la venganza [...]. Si queremos convivencia, tenemos que tener clara la idea de justicia y reparación. Todas las personas tienen que bajarse de su eterna reclamación [...] poner un límite a su rencor porque si no, esto se perpetuará». Poco antes de llegar Évole a Errenteria para grabar el documental se habían celebrado unas jornadas en las que participaron víctimas tanto de ETA como de abusos policiales, de los GAL y de otros grupos de extrema derecha, y en las que el Ayuntamiento, con Julen Mendoza en la alcaldía, tuvo un papel fundamental. El alcalde sembró entonces la semilla de lo que sería el homenaje en exclusiva hecho a las víctimas de ETA la semana pasada. Ya en 2013 reconocía frente a las cámaras que la historia de «lo que aquí ha pasado» no se podía cerrar en falso y que había que dar a las víctimas de ETA el reconocimiento que se merecían. Évole entrevistó también a Miguel Buen, que participó tanto en el homenaje del pasado 28 de junio como en aquellas históricas jornadas. Fue alcalde de Errenteria por el PSE-PSOE durante diecisiete años. Parte de la entrevista se realiza en la Casa del Pueblo, junto con otros compañeros de partido que narran las agresiones que allí sufrieron: veintiocho ataques contabilizados, con cócteles molotov, gasolina, una vez incluso les entraron en la Casa y les hicieron paseíllo para sacarlos a palos. Al alcalde de entonces, José María Gurrutxaga, le persiguieron a golpes por el pueblo, dándole una paliza que casi le deja muerto. Entonces, es lógico que la agresión de Alsasua a muchos les haga recordar las prácticas fascistas de aquellos años. Por eso no se puede obviar el contexto en el que esta se produjo ni minimizar su gravedad. Pero tampoco se puede manipular la realidad al punto de convertir a los siete encausados en chivos expiatorios para satisfacer quién sabe qué intereses políticos, qué deseos de venganza, qué razón punitiva o qué ideología enquistada en, también, la lógica de conflicto.
 
Paradojas de la historia, Errenteria se ha convertido en un ejemplo en el camino hacia la deslegitimación de la violencia, a pesar de haber sido uno de los municipios más conflictivos de Euskadi, como demuestra el informe sobre violaciones de derechos humanos y hechos violentos acaecidos en esta localidad guipuzcoana de 1956 a 2012, encargado por el Ayuntamiento con la aprobación del PSE, PNV, PP, Ezker Anitza y Bildu. El acto del 28 de junio en el que Mendoza, sin eufemismos ni rodeos, pidió perdón por cualquier daño u ofensa hecha por él o su ayuntamiento a las víctimas de ETA, se suma al trabajo que llevan años haciendo para restaurar la convivencia en ese municipio.
 
Herzog, en el mismo episodio, se quejaba de que a 470 kilómetros de distancia (o sea, Madrid), están jugando a azuzarnos a unos contra otros por intereses espurios (sus palabras). En 2017, y tras la petición de la Fiscalía en el ‘caso Alsasua’, sus palabras cobran nueva importancia. Mientras que en Euskadi se producen avances como el caso de Errenteria, grupos de trabajo como la Ponencia de Memoria y Convivencia en el Parlamento vasco (con la ausencia del PP) o iniciativas de base como las tomadas por el colectivo Eraikiz, formado por familiares de víctimas de ETA y de violencias de diverso signo, desde el Gobierno español y un sector del poder judicial ajustan las tuercas al máximo y hacen, de un crimen sin duda despreciable y condenable, un caso ejemplar de desproporcionalidad y revanchismo.

EDURNE PORTELA

domingo, 16 de julio de 2017

Pablo Iglesias: "Castilla-La Mancha no es un laboratorio ni un ensayo de Gobierno"

 Pablo Iglesias, ha dicho que Castilla-La Mancha, donde la formación morada ha alcanzado un acuerdo de Gobierno a la espera de lo que diga la militancia, "no es un laboratorio, ni un experimento para nadie".


En declaraciones a los medios en el transcurso del Consejo Ciudadano Estatal, en el que ha destacado la ausencia de Anticapitalistas como Miguel Urbán Teresa Rodríguez, críticos con el acuerdo, Iglesias ha asegurado que cuando Podemos está en un Gobierno "ofrece garantías" y hace que el PSOE pierda "la tentación de gobernar con el PP, que es lo que, algunos decían, estaba en los planes de García-Page".
"A mí no me sobra nadie en esta organización" ha insistido Iglesias, que ha valorado que unos compañeros pongan el acento en las "oportunidades de entrar en un Gobierno" y otros lo hagan en "los riesgos".
"Todo el mundo tiene su sitio en Podemos, se debate y luego decide la militancia y los inscritos", ha remarcado al tiempo que ha calificado de "ventaja" que haya "compañeros críticos".
Iglesias también ha pedido que se entienda que las organizaciones tienen "plena autonomía" para decidir en su territorio y, en el caso de Podemos, la decisión y la soberanía última está en los inscritos.
Y sobre la posibilidad de gobernar a nivel nacional, se ha mostrado abierto a hacerlo con otras fuerzas políticas "sobre la base de un programa que beneficie a las mayorías sociales, termine con los recortes y asuma que España es diversa".
"Somos una fuerza política con vocación de Gobierno" ha insistido Iglesias, y la aspiración de Podemos "es sacar al PP de La Moncloa" y hacer un Ejecutivo "más sensato".
Iglesias ha pedido "respeto" para Castilla-La Mancha, que no es un laboratorio "para nadie", sino "una región en la que sus ciudadanos tienen derecho a que se apliquen políticas públicas que les favorezcan".
El líder de Podemos ha explicado que "estar en un Gobierno" sirve para que todas las medidas que están sobre el papel se conviertan en una realidad, si bien ha dejado claro que la última decisión está en manos del "debate y de los inscritos".
Preguntado por el cambio de decisión del presidente autonómico Emiliano García-Page de sumar a Podemos a su Ejecutivo, Iglesias ha considerado que no ha habido tal cambio de opinión pero sí de "realidades y de correlaciones de fuerzas".
"Y la realidad es que muchos calculaban que el PSOE siempre iba estar más cerca del PP y de Ciudadanos que de Podemos pero en este país han cambiado muchas cosas" ha subrayado.
Iglesias ha hecho hincapié en que en política "no hay que confiar tanto en las personas como en los hechos o en las garantías".
"Nosotros no tenemos por qué confiar o desconfiar de la palabra de alguien. Nosotros firmamos acuerdos y esos acuerdos se tienen que aplicar con políticas públicas específicas", ha dicho.
Iglesias ha recordado que la propia militancia del PSOE ha dado una lección a su partido y le ha transmitido claramente que preferían estar "más cerca de Podemos que del PP o de Ciudadanos".
"Lo que está ocurriendo en España no tiene que ver con nuestra acción política y sí con cambios que afectan a todas las formaciones de este país", ha agregado.
En relación a la reunión este lunes con el PSOE, Iglesias ha dicho confiar en que se establezca una colaboración útil, también en estrategia parlamentaria, dado que el PP sigue teniendo, a su entender, una capacidad "ilegítima y antidemocrática" de veto sobre el Congreso de los Diputados.
Sobre las ausencias de Urbán y Rodríguez en el Consejo, Iglesias ha reiterado a los medios que desconoce las causas por las que no han asistido: "Pregúntenles a ellos".