jueves, 21 de septiembre de 2017

La Diputación de Zaragoza prohíbe la asamblea de cargos electos convocada por Unidos Podemos

La institución, dirigida por el PSOE, se sustenta en el auto del juez que prohibió un acto en Madrid y considera que su finalidad es celebrar "una cumbre prorreferéndum"


El consejo de administración de la Ciudad Escolar Pignatelli, sociedad pública de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), ha acordado por mayoría, en una reunión extraordinaria urgente, denegar la cesión del salón de actos para la celebración de la 'Asamblea de parlamentarios y alcaldes por la fraternidad, la convivencia y las libertades'.
Esta es la respuesta a la petición formulada en la mañana de este jueves por el grupo municipal Zaragoza en Común (ZEC) en el Ayuntamiento de Zaragoza, en nombre del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos para celebrar en ese espacio este domingo, 24 de septiembre, la citada asamblea impulsada por IU-Podemos.
Desde la institución provincial han justificado la denegación del permiso al considerar, "teniendo en cuenta la información ylas declaraciones publicadas por diversos medios de comunicación, que su finalidad es celebrar "una cumbre prorreferéndum", ha señalado la DPZ en una nota de prensa.
La denegación se ha tomado de conformidad con el criterio de los autos del procedimiento ordinario 301/2017 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Madrid, que suspendieron un acto similar al considerar que las distintas actuaciones y declaraciones "inducen a pensar racionalmente, que tienden claramente a que el acto se desarrolle en contra de los dispuesto en la providencia del Tribunal Constitucional de fecha 7 de este mes y año" (en referencia a septiembre del 2017).
Además, el consejo -integrado por representantes de losgrupos políticos, así como de representantes de la Diputación de Zaragoza y otras instituciones-, ha considerado que una residencia estudiantil, como es este caso, "no es un lugar adecuado para la celebración de un acto de estas características", han zanjado.

El CETA entra en vigor pese a los graves riesgos para la ciudadanía

El 21 de septiembre se aplicará de manera provisional la mayor parte del acuerdo comercial y de inversiones entre la Unión Europea y Canadá.



publicado en "Nueva Tribuna"
La campaña estatal No al TTIP, CETA y TiSA, considera grave que el CETA entre en vigor a pesar de no haber sido ratificado aún por los parlamentos de la Unión Europea (UE) y estar pendiente de un dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre si el CETA es compatible con el derecho comunitarioEl Gobierno español ya ha iniciado la ratificación del tratado en las Cortes Generales. Aún está pendiente su discusión y votación en el Senado. La campaña demanda a los grupos parlamentarios que pidan al Tribunal Constitucional un dictamen y rechacen su ratificación por no tener estudios de impacto válidos. 
La movilización ciudadana ha destapado en buena medida el tratado. Entre los éxitos más recientes está que el mecanismo de resolución de conflictos entre inversores y Estados, el polémico Sistema de Tribunal de Inversiones (ICS), no pueda entrar en vigor todavía. Cada vez hay más evidencias de que este sistema de justicia privada paralela merma gravemente el Estado de derecho. A día de hoy, España es el tercer país del mundo más demandado ante los tribunales privados de arbitraje que los inversores extranjeros usan para cobrar compensaciones multimillonarias.
En el último año, la sociedad civil europea, sindicatos, partidos políticos y parlamentos regionales no han cesado de expresar su preocupación por los graves impactos del CETA. También han denunciado la falta de transparencia y participación democráticaen el manejo de las políticas comerciales por parte de las instituciones europeas.
La campaña No al TTIP, CETA y TiSA advierte de que la aplicación provisional del CETA tendrá efectos económicos, sociales y ambientales adversos, tales como: 
  • En materia laboral no se tomarán medidas para impedir las deslocalizaciones ni se podrán sancionar violaciones a las normativas laborales vigentes. 
  •  En materia ambiental y de salud el CETA carece de normas de obligado cumplimiento, lo que pone en riesgo los compromisos adoptados en la lucha contra el cambio climático y abre la puerta a nuevos fraudes como en el caso ‘Dieselgate’ de la industria automovilística, cuya manipulación de vehículos diésel ha contribuido al incremento de muertes prematuras y enfermedades por contaminación atmosférica.
  •  Los estándares más bajos en lo concerniente a la seguridad alimentaria provocará en un futuro inmediato las rebajas de otros estándares relativos a transgénicos, engorde del ganado con hormonas, clonación animal y etiquetado y trazabilidad de la carne. Además de la pérdida de derechos de los consumidores, el CETA causa nuevos problemas a la agricultura familiar, así como una pérdida de soberanía alimentaria.
  • Al debilitar el principio de precaución deja el campo libre a las farmacéuticas, las empresas químicas y otras industrias poniendo en riesgo la salud pública.
  • El CETA facilitará la privatización de los servicios públicos y dificultará las condiciones para la remunicipalización de servicios privatizados.
  • El capítulo sobre Servicios Financieros dará más derechos a los bancos y especuladores, impidiendo regulaciones urgentes en este sector que puede provocar nuevos estallidos de burbujas especulativas como la inmobiliaria en España. 
  • La cooperación reguladora que empezaría a funcionar con la puesta en marcha de diferentes comités conjuntos -cuya composición se desconoce, igual que las fechas y contenidos de sus reuniones- podría ser un obstáculo si el Parlamento Europeo, las Cortes Generales o los parlamentos regionales desean mejorar las normas ambientales y sanitarias, e incluso podrían debilitar las normas actuales. 
La Comisión Europea está negociando otros acuerdos de igual magnitud que el CETA con Japón, México y los países del Mercosur. Asimismo ha propuesto la apertura de negociaciones con Australia y Nueva Zelanda. 
La campaña estatal No al TTIP, CETA y TiSA manifiesta su oposición a todas estas negociaciones y advierte de que estos tratados comerciales atentan contra los derechos humanos y agravan la crisis ambiental planetaria

"Ataque de lucidez" (Javier Pérez Royo)

"La estrategia del PP contra la autonomía de Catalunya es una estrategia franquista. El PP quiere al nacionalismo catalán “cautivo y desarmado”, derrotado y humillado. Quiere ganar por 10 a 0, como muy gráficamente dijo hace unas semanas la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría"
 
 
publicado en "ElDiario.es"
 
Al PSOE, por decirlo de una manera coloquial, periódicamente se le aparece la virgen. Se le apareció en el año 2000 cuando eligió contra todo pronóstico a José Luis Rodríguez Zapatero en lugar de a José Bono como secretario general. Se le ha vuelto a parecer este año, cuando también contra todo pronóstico, eligió a Pedro Sánchez frente a Susana Díaz. Y se le volvió a aparecer antes de ayer, cuando la torpeza de Albert Rivera propició que la dirección del PSOE tuviera un ataque de lucidez y se diera cuenta de que cerrar filas con el PP en este momento era una decisión suicida. Suicida para el partido, porque es suicida para la democracia española.
 
La estrategia del PP contra la autonomía de Catalunya es una estrategia franquista. El PP quiere al nacionalismo catalán “cautivo y desarmado”, derrotado y humillado. Quiere ganar por 10 a 0, como muy gráficamente dijo hace unas semanas la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.
Esa estrategia lleva inevitablemente a una deriva autoritaria en todo el Estado. Catalunya no puede ser gobernada de esa manera en un Estado democrático. Fue posible tras la guerra civil con el Estado totalitario que se impuso a continuación. Pero en democracia no es posible. Catalunya tiene que poder autogobernarse para que España pueda hacerlo. La alternativa es la ausencia de democracia tanto en Catalunya como en España.
 
A eso es a lo que conducía la proposición no de ley impulsada por Ciudadanos. Negarse a que la negociación política entrara en la respuesta que hay que dar al problema de la integración de Catalunya en el Estado, que es lo que viene haciendo el PP desde que en 2005-2006 empezó la recogida de firmas contra el Estatuto y prosiguió con el recurso ante el Tribunal Constitucional de una manera torticera, únicamente puede conducir al desastre para Catalunya y para toda España. 
 
El nacionalismo catalán es parte de la “constitución material” de España. España no puede expresarse constitucionalmente, que a estas alturas del siglo XXI equivale a decir democráticamente, sin que esa parte de su constitución material esté reconocida en cuanto tal en su Constitución escrita. Eso, con la estrategia del PP que Ciudadanos pretendió antes de ayer que fuera avalada por el Congreso de los Diputados, resulta imposible. Dicha estrategia conduce a la mutilación constitucional de España, es decir, a la deformidad y, en último término, a la degeneración primero y descomposición después del sistema político de la democracia.
 
El ataque de lucidez de la dirección del PSOE no pudo llegar en mejor momento. Estamos deslizándonos por una pendiente que nos puede llevar a la catástrofe y todo lo que se haga para frenar este deslizamiento es poco. El PSOE tiene que saber que, sin una democracia genuina, es su propia supervivencia la que se ve amenazada, algo que no le ocurre en la misma medida al PP. El PSOE necesita la democracia mucho más que el PP. Muchísimo más. Y la estrategia que se está siguiendo contra el nacionalismo catalán la hace imposible. Afortunadamente antes de ayer se evitó cometer ese error funesto.
 
No quiero terminar sin hacer la advertencia al Jefe del Estado de que es la propia Monarquía parlamentaria como forma política del Estado español la que se está poniendo en cuestión con la estrategia que se está intentando imponer respecto de la integración de Catalunya en el Estado. La Monarquía parlamentaria figura en el artículo 1.3 de la Constitución, que viene detrás del principio de legitimación democrática del Estado que figura en el artículo 1.2. “La soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado”, dice el artículo 1.2 de la Constitución. A continuación en el 1.3 se dice: “La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria”. Sin 1.2 no hay 1.3. Si quiebra el principio de legitimación democrática, como quebrará inexorablemente si se sigue por el camino que vamos, la quiebra de la Monarquía vendrá a continuación.

Errenteria mostrará mañana su solidaridad con las personas refugiadas

Diversas entidades de la villa han organizado para mañana viernes la actividad que han denominado 'Mójate desde el Atlántico hasta el Mediterráneo' y que se desarrollará principalmente en el río Oiartzun y dará comienzo a las 19.00 horas en el barrio de Gabierrota, a la altura del bar Zubia, desde donde una decena de txalupas y una veintena de participantes descenderán hasta el puente del Aurrera para reivindicar los derechos de los refugiados.
 
 
 
Una vez llegados a este punto realizarán una parodia basada en lo que tienen que padecer los refugiados cuando llegan a Europa y se hará un pequeño teatro con su desembarco e internamiento en un centro para refugiados y su posterior puesta en libertad.Además tendrá lugar una manifestación reivindicativa en la Alameda de Gamon.
 
Organizadores
 
Los organizadores de la actividad son el Grupo Oarso Taldea, Ongi Etorri Errefuxiatuak, Mikelazulo Kultur Elkartea, Sos Arrazakeria, Katsikas, Oreretako Mugimendi Feminista, Salvamento Marítimo Humanitario, Bosa Orereta y Zaporeak y apoyan la iniciativa EH Bildu, Irabaziz y los sindicatos ELA, LAB y ESK.
 
Miembros de la organización leyeron ayer un escrito en el que señalaron que esta semana se va a celebrar en Errenteria el festival Atlantikaldia como «lugar de encuentro y renovación entre distintas culturas ligadas al mar, que tuvieron su importancia en el pasado y lo siguen teniendo en el presente. Orereta-Errenteria es un pueblo que apuesta por la convivencia entre comunidades y personas de diferentes orígenes y culturas afincadas en su seno». «Idas y venidas -prosiguieron- migración y emigración, miseria, guerras, dictaduras... han producido un constante flujo y reflujo de personas para nuestro pueblo y en buena medida somos resultado de todo ello».
 
Añadieron que «pensamos que no basta mirar al Atlántico, también el Mediterráneo debe ser objeto de atención. En 2014, 10.000 emigrantes se ahogaron en dicho mar y aunque posteriores medidas de contención y represión han rebajado tal cifra, en lo que va de año 2.200 personas se han ahogado queriendo alcanzar Europa. Mare nostrum, Mare mortum, el Mediterráneo es una catástrofe humanitaria».
 
Subrayaron que en Afganistán, Siria, Irak, África, guerras, dictaduras, epidemias, «son una permanente sangría para dichos territorios, muchas gentes huyen del infierno, pero se encuentran con un camino lleno de peligros y obstáculos que los diezman antes de llegar a las puertas de una Europa rodeada de murallas que les cierra el paso. Ceuta y Melilla son una muestra de ello y una vez la traspasan se ven sometidas a leyes de extranjería, xenofobia». Finalizaron recordando que en 2017 sólo 131.703 refugiados han logrado traspasar las fronteras, de los cuales sólo 27.000 han sido reubicados. El reparto de acogida asignó a España 20.000 refugiados «de los cuales sólo 2.000 han sido beneficiados. Además el gobierno español ha impedido a comunidades autónomas y ayuntamientos posibilitar acogidas». «Por tanto -finalizaron los responsables de la organización- pensamos que Errenteria-Orereta, históricamente pueblo de acogida, debe mojarse, uniendo el Atlántico con el Mediterráneo y por dicho empeño hemos decido mojarnos en el río Oiartzun».

"Es una crisis de Estado" (Enric Juliana)

"El Gobierno tiene la obligación de ofrecer perspectivas de salida. No hay autoridad sin horizonte"

Publicado en "La Vanguardia"
Nada mejor que hablar con periodistas y observadores extranjeros para entrenarse en el difícil ejercicio de la síntesis. Al final del día quedan sobre la mesa unos cuantos comprimidos.
Primero. La actuación más contundente que se ha llevado a cabo en España contra un gobierno autónomo, por motivos políticos, tiene lugar pocas horas después de que la línea del Gobierno sobre Catalunya haya sido derrotada en el Congreso de los Diputados. Las acciones judiciales y policiales que en estos momentos tienen lugar en Barcelona no cuentan con el respaldo explícito del Congreso. La política española está entrando en una peligrosa fase de excepcionalidad sin el visado del Parlamento. La legislatura puede quedar totalmente bloqueada según cómo evolucionen los acontecimientos.
Segundo. Se está produciendo un salto cualitativo en la protesta catalana, que el poder ­central parece ignorar o menospreciar. La intervención económica de la Generalitat –sin pasar por el Parlamento–, las detenciones y los registros están generando una ola de indignación que sobrepasa los límites sociales del independentismo. El caudal de la protesta se está ensanchando. Aun cuando están en desacuerdo con sus gobernantes, la gran mayoría de los catalanes siente un fuerte apego por la Generalitat. Es la historia del país y es el legado de Josep Tarradellas. Hace ahora cuarenta años, con el presidente Tarradellas regresó la institucionalidad catalana. La nación representada por una institución. Los pasados días 6 y 7 de septiembre, los independentistas cometieron el inmenso error de forzar la institucionalidad catalana en el Parlament. Aquel día, perdieron. Mucha gente se acostó abochornada. Dos semanas después, el aparato del Estado agarra la institucionalidad catalana por la solapa: ahogo económico de la Generalitat –sin debate en el Congreso–, detenciones, setecientos alcaldes imputados... Se está activando en Catalunya un reflejo defensivo que sobrepasa el recinto soberanista.
Tercero. La ampliación del canal de la protesta puede estar desdibujando algunas fronteras emocionales entre independentistas y no independentistas. Este nuevo fluido puede incrementarse en los próximos días, según cuáles sean las decisiones del aparato del Estado. Las cosas podrían cambiar de signo si la mayoría soberanista en el Parlament cede a la tentación aventurera y se lanza a una declaración unilateral de independencia. El día 1 de octubre se está perfilando como una gran jornada de protesta. Muchos de los centros de opinión de Madrid son asombrosamente insensibles a la dinámica profunda de los acontecimientos. Catalunya puede estar entrando en el ciclo histórico de su separación de España ante el insensato aplauso de las tertulias madrileñas. Un ciclo histórico no necesariamente corto. El día en que el independentismo alcance una adhesión del 60% no habrá Guardia Civil que lo pare.
Cuarto. Se están contraviniendo algunos de los consejos sabios que ha recibido el Gobierno español en los últimos dos o tres años. Michael Ignatieff, federalista canadiense, declaraba lo siguiente a El País hace diez meses: “¿Se sienten los catalanes una nación? Por supuesto. Sería estúpido, o al menos mal aconsejado, negar esa evidencia. El objetivo es conquistar y retener la lealtad del sector moderado de la población que se siente orgulloso de su identidad, de su lengua, y que se siente distinto del resto de españoles, pero aun así quiere permanecer en España”.
Quinto. Ayer hubo protestas en diversas ciudades españolas. Madrid, todo el Arco Mediterráneo, el País Vasco, Galicia, Andalucía... Españoles preocupados por el futuro de su país. Hay en estos momentos una gran inquietud ante las imágenes de Barcelona. La reacción popular en Barcelona tiene el grosor de las crisis de Estado. El Gobierno no puede renunciar al cumplimiento de la ley y de la Constitución, pero tiene la obligación de ofrecer perspectivas de salida. No hay autoridad sin horizonte.
Sexto. El Partido Nacionalista Vasco, pieza imprescindible de la actual mayoría presupuestaria, se está alejando del Gobierno. No quisiera hacerlo, no le interesa, pero la dinámica de los acontecimientos le empuja en esa dirección. El PNV estará en la asamblea de parlamentarios que Podemos convoca el domingo en Zaragoza. Hace un mes, ese escenario era imposible. Rajoy podría prorrogar los presupuestos actuales, pero se enfrenta al riesgo de una legislatura definitivamente muerta.
Séptimo. Hay muchas preocupación en los principales gobiernos europeos y en Bruselas. No les gusta nada la dinámica en curso.