sábado, 21 de abril de 2018

Un juez absuelve a unos acusados y les anima a interponer una querella contra la policía por falso testimonio

El Juzgado de lo Penal nº 3 de Valladolid ha absuelto a los manifestantes acusados de agredir a la agentes de la policía tras la Convención Nacional del PP celebrada en la capital vallisoletana el 2 de febrero de 2014. Asimismo, el juez ha animado a los acusados a interponer querella contra los policías por falso testimonio.

Detenciones tras la carga policial del 2F en Valladolid 
Los hechos se enmarcan dentro de lo la denominada causa 2F, instruida por los hechos ocurridos el 2 de febrero de 2014. Ese día, un grupo de personas se concentró en las inmediaciones del restaurante en el que comían los altos cargos del PP y del Gobierno que habían participado en la Convención Nacional del partido para reprocharles su política laboral y de recorte de gastos sociales, así como los casos de corrupción.
Pese a lo pacífico de la protesta, los agentes antidisturbios cargaron, causando heridas a varias personas, así como diversas fracturas, hematomas, traumas y daños cervicales. Una mujer de 56 años, miembro de la plataforma Stop Desahucios, resultó la herida más grave al sufrir un ictus y un derrame cerebral. Fue hospitalizada en una planta de la que fueron desalojados otros pacientes y vigilada por miembros de la Policía Nacional.
Asimismo, fueron detenidas —y posteriormente multadas por “negarse a ser identificados”, en aplicación de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana— tres personas acusadas de agredir a los policías.
A raíz de este suceso se creó una Asamblea de Apoyo a los Afectados del 2F y se convocaron varias manifestaciones por las calles vallisoletanas, que reunieron a miles de personas en protesta por los hechos, reclamando el castigo de los policías agresores, la libertad de los detenidos y la dimisión del responsable político de los hechos, el entonces subdelegado del Gobierno, José Antonio Martínez Bermejo, que actualmente es el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valladolid.
Martínez Bermejo negó que se hubiera producido la carga policial, trató de desligar las dolencias de la mujer hospitalizada de cualquier actuación policial, que según él se limitó a tratar de identificar a los congregados, y calificó de violentas a las personas agredidas. 

DOS CAUSAS JUDICIALES CONTRARIAS ABIERTAS 

Desde entonces se desarrollaron dos causas judiciales paralelas. Por un lado, la de los manifestantes heridos contra varios agentes responsables de la carga, pertenecientes a la VII Unidad de Intervención Policial, y, por otro, la de la policía contra los detenidos, a los que acusaban de los delitos de resistencia, amenazas, desobediencia y atentado a la autoridad y lesiones a tres miembros de la Policía Nacional. Ambas causas han ido trascurriendo de forma favorable para los manifestantes. 
La que se formuló contra ellos tuvo un primer paso el 15 de diciembre de 2015, cuando el juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de Valladolid anuló las multas que les fueron impuestas a los tres detenidos, cuyo importe tuvo que ser devuelto con intereses, al apreciar el juez que se había producido falta de motivación de vigilancia de la prueba propuesta, indefensión y vulneración de la tutela judicial efectiva, del principio de presunción de inocencia y del derecho fundamental de reunión y manifestación.
La sentencia indicaba que no se aprecia que los hechos fuesen susceptibles de provocar reacciones en el público que alterasen o pudieran alterar la seguridad ciudadana, por lo que declaró nula la causa por no ajustarse a derecho la resolución de la Delegación del Gobierno en Castilla y León de sancionar económicamente a los acusados, condenando además a la administración a asumir las costas.
Esta causa culmina ahora con la absolución de los acusados, al apreciar el juez que los testigos y el material fotográfico y videográfico desmienten que agredieran a los policías, hasta el punto de que el propio juez interrumpió el juicio porque las pruebas eran contundentes y no necesitaba escuchar al resto de testigos para pronunciarse, contando con la anuencia de la propia Fiscalía (que renunció a formular acusación ante la falta de pruebas), por lo que dictó sentencia absolutoria in situ, indicando que la versión policial “responde muy poco a lo ocurrido” según la pruebas gráficas donde “se ve a agentes de la policía dando patadas y no al revés”.
Por ello recordó además a los acusados derecho a solicitar acciones legales contra los agentes por falso testimonio.
El material gráfico demuestra que la actuación policial fue desmesurada y fuera de protocolo, ya que llos agentes procedieron a disolver a golpes a los concentrados sin antes requerirles la documentación ni solicitarles su disolución, y sin mediar provocación, hasta el punto de que el juez tuvo que advertir a uno de los policías declarantes que estaba bajo juramento de veracidad y el video demostraba lo contrario a lo que estaba declarando. 

ACTUACIÓN VIOLENTA Y PRESUNTO FALSO TESTIMONIO

La otra causa, la que se sigue contra los policías por agresión a los concentrados, está siendo una carrera de obstáculos. Primero se encontró trabas impuestas que dificultaban la identificación judicial de los policías autores de las agresiones, pese a que las imágenes eran claras. Una vez identificados, uno de ellos fue trasladado a Afganistán.
Con posterioridad el Juzgado de Instrucción nº 4 de Valladolid decidió archivar el caso desestimando la demanda por considerar que “no hay indicios de que su actuación haya sido desproporcionada y fuera de la legalidad”. Esta sentencia fue recurrida ante la Audiencia Provincial, algo que el tribunal no aceptó. Por ello, los agredidos recurrieron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que lo ha admitido a trámite.
Además, atendiendo al consejo del juez que ha absuelto a los manifestantes, estos se plantean  interponer una querella por falso testimonio contra los policías, algo que, según señalan, decidirán en los próximos días.
Con motivo de este juicio, el pasado viernes día 20 tuvo lugar una manifestación en Valladolid, convocada por la Asamblea de Apoyo a los Afectados del 2F, que finalizó en el lugar donde tuvieron lugar los hechos: la puerta del restaurante La Parrilla de San Lorenzo.
Al término de la cual se leyó un comunicado en el que se indicaba que “se ha demostrado en sede judicial lo que venimos explicando desde hace tiempo con abundante material gráfico: el día 2 de febrero de 2014 se produjo una carga policial contra manifestantes en una actitud plenamente pacífica y que no hubo lesiones ni atentado contra la autoridad; las acusaciones vertidas sobre las personas que fueron detenidas y juzgadas corresponden a una burda maniobra policial para distraer la atención sobre una actuación que dejó una decena de personas heridas de diversa consideración y que supuso uno de los casos más duros que recuerda Valladolid en las últimas décadas”.
Este comunicado incluyó un “recuerdo para todas las personas encausadas y procesadas en diferentes montajes como este”, citando expresamente a “los sindicalistas riojanos detenidos por la huelga del 14 de noviembre de 2012, al fotoperiodista Boro, de La Haine, por cubrir la manifestación Jaque al Rey en 2014, o los jóvenes de Alsasua acusados de terrorismo”. 
Publicado en "El Salto Diario"

El Estado Español "hace caja" con la Ley Mordaza

"Gracias a la Ley Mordaza, solo en 18 meses, el Estado ha recaudado 131 millones de euros. Las multas se han impuesto por "desobediencia o resistencia a la autoridad", "la negativa a identificarse" o "la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación". Las "faltas de respeto y consideración" a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son el primer motivo de sanción. Casi 30 personas son multadas a diario por esta causa" 


Tomado del Artículo " Genealogía de la represión"de 

Hace unos días se abrió el juicio de Alsasua contra tres jóvenes (Adur Martínez de Alda, Oihan Arnanz y Jokin Unamuno) por agredir en un bar a una pareja de la guardia civil en octubre de 2016 y romperle el tobillo a uno de ellos. Los hechos fueron calificados como delitos de terrorismo, de manera que se les piden condenas que acumulan un total de 375 años de cárcel y que podrían conllevar para cada uno de ellos penas de hasta 50 años (25 de cumplimiento efectivo). La Fiscalía pide, además, 12 años y seis meses de prisión por un cargo de amenazas terroristas que se limita a una frase: “esto es lo que vais a tener cada vez que bajéis”. Estos jóvenes llevan un año y medio en prisión preventiva bajo el excepcional régimen de FIES, aplicado habitualmente contra los acusados por delitos de terrorismo, y a 400 kms de sus hogares. Hay cinco jóvenes más en libertad condicional y a la espera de este juicio.

El Relator Especial de Naciones Unidas sobre la protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo señala claramente que los actos de terrorismo han de tener la intencionalidad de causar muerte, heridos graves o tomar rehenes; propósito de atemorizar o intimidar a la población, u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo; y debe ajustarse a la definición contenida en convenios y protocolos internacionales.

Gracias a la trilogía de la represión que constituyen el código penal vigente, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Mordaza, la libertad de expresión está sufriendo en este país, una regresión de tintes claramente autoritarios. Regresión orquestada desde el Gobierno y ejecutada por la Fiscalía, los jueces y magistrados de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.

El art. 578 tipifica el enaltecimiento del terrorismo, que se ha aplicado, fundamentalmente, una vez que ETA ha cesado su actividad criminal. 76 personas han sido detenidas entre 2014 y 2015 en la “Operación Araña”, por tuitear, presuntamente, incitando a la comisión de delitos terroristas; una banalización azuzada por las algunas asociaciones de víctimas, como COVITE o la AVT, y claramente resistida y criticada por Amnistía Internacional y Jueces/Juezas por la Democracia. El Código Penal, además, tipifica en su art. 525 el delito de escarnio público o vejación pública de los representantes de las confesiones religiosas; en los arts. 490.3 y 491, el delito de injurias a la corona, frente a la que no cabe defensa alguna; en el art. 543, el delito de ultraje contra la patria, con el que se puede imputar a cualquiera que pite el himno nacional; y en el art. 504, las injurias al Gobierno de la Nación, al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, al Supremo, a los demás tribunales de justicia, y a los Ejércitos, Clases y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Gracias a la Ley Mordaza, solo en 18 meses, el Estado ha recaudado 131 millones de euros. Las multas se han impuesto por "desobediencia o resistencia a la autoridad", "la negativa a identificarse" o "la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación". Las "faltas de respeto y consideración" a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son el primer motivo de sanción. Casi 30 personas son multadas a diario por esta causa y, como no se han cansado de repetir Amnistía Internacional y Reporteros Sin Fronteras, buena parte de estas multas han recaído sobre los y las profesionales de los medios de comunicación, a los que se intenta amordazar a base de censuras y autocensuras. Tal es el caso de Mercè Alcocer (Catalunya Radio), Axier López (Argia), Esther Yáñez (Diario Vice), Antonio Ruiz (fotoperiodista El País), José Manuel de la Linde y Antonio Cattoni (Canal Sur Radio) o Cristina Fallarás.

"ETA en el país de las cunetas" (Aníbal Malvar)

Hoy me siento raro. Es como si nunca hubiera existido o fuera algo casi ficcional, una vieja serie de televisión que te marcó de chico, el paisaje delirante de una pesadilla antigua. Ayer estaba en casa un guardia civil amigo que también trabajó por aquellas geografías bellas, duras, alógicas y sangrientas que eran Euskadi cuando ETA mataba: ni siquiera comentamos el asunto.

Hoy, al escribir esto, intento recordar las veces que, como periodista y durante diez años, asistí al levantamiento de cadáveres en las calles, hablé con las familias de los asesinados, conviví con policías, guardias y políticos que vivían vidas anómalas solo por hacer su trabajo, pasé miedo, soledad, distancia y frío. Ni siquiera puedo evocar cómo era el bar de Andoain donde tantas veces fui a beber una copa y a mirar la silla vacía donde solía jugar la partida mi compañero de El Mundo José Luis López de Lacalle, a quien un día de mayo le metieron cuatro tiros por la espalda. Todos mis recuerdos me parecen impostados, inventados o producto de la demencia. No sé si alguno de los amigos y enemigos que dejé allí sienten la borrasca íntima de este extraño estrés postraumático, quizás incurable. Y no me atrevo a llamarles para preguntárselo. No sé por qué.
Anoche, ya bien entrada la madrugada, sí abrí los periódicos de papel para ver qué me contaban sobre el comunicado que hizo público ayer la banda pidiendo perdón a las víctimas.

La Razón titulaba en portada: ETA, sin perdón. El ABC lo calificaba como La última ofensa de ETA. Para EL País, ETA pide un perdón insuficiente. Y El Mundo, el único de los cuatro grandes que lo relega a noticia secundaria en su primera plana, denunciaba en titular que ETA evita pedir perdón a todas las víctimas antes de disolverse.
De este último periódico me llama mucho la atención el arranque de su editorial más noble: “Pretender reconstruir una sociedad rota por medio siglo de terror aplicando la receta del olvido, además de ser una indignidad propia de quienes carecen de ética cívica y respeto por la vida humana, supone asestar un nuevo golpe a las víctimas. Una humillación que ni la ciudadanía ni el Estado de derecho deben aceptar”. ¿No os suena a nada?
“La receta del olvido” que denosta El Mundo ante ETA es la que estos periódicos rancios, inmovilistas y conservadores nos prescriben a menudo para “no reabrir heridas”, refiriéndose a los muertos de nuestras cunetas. No ha muchas semanas, escribí cómo El País invitaba a los partidos de izquierdas a no mentar el franquismo, pues hacerlo, dicen, solo “incita al odio”. Como si el conocimiento de nuestra Historia no contribuyera, precisamente, a lo contrario.

La desunión de España no viene de Catalunya y Euskadi, sino de esa frontera difusa que dibujan los geógrafos que, desde siempre, han querido diseñar España como país de vencedores y vencidos. Esos son los únicos nacionalismos que sí veo perversos. Que venga Gabriel Celaya: “Vencido y traicionado, ver casi con cinismo que no pueden quitarme nada más y que aún vivo, ¿no es la felicidad que no se vende?”.
publicado en "Público"

viernes, 20 de abril de 2018

Comunicado de Podemos, Ezker Anitza-IU y EquoBerdeak tras la declaración de ETA

"La sociedad vasca y navarra viven como un alivio el paso dado por ETA, pero lejos de conformarnos, invitamos a seguir dando más pasos en esta dirección de reconocer lo injustificable de cualquier vulneración de derechos humanos. Nada de esto debió suceder. Su disolución llega tarde. Décadas tarde"



Las organizaciones políticas abajo firmantes, con la cautela de conocer los próximos pasos que den, valoramos positivamente algunos aspectos del comunicado de ETA sobre el reconocimiento de daño causado y su esfuerzo por entender por qué a algunas nos parece injusto el daño que han causado. Después de tantos años conviviendo con el terror y con el dolor, es positivo que se hayan dado pasos que en otras épocas parecían impensables.

ETA reconoce el hecho de que nada de esto debió suceder, en y el sufrimiento desmedido. Sin embargo, debemos recordar que no hay jerarquías o grados de víctimas. Porque no hay nada que ninguna hiciera que justifique su asesinato o el dolor que se las ocasionó. No hay víctimas que lo merecieran más o menos que otras… hay simplemente víctimas y su sufrimiento no sólo fue injusto, fue injustificado. Todas las víctimas de vulneración de derechos humanos, absolutamente todas, merecen verdad, justicia y reparación y como sociedad merecemos tener garantías de no repetición.

Es por ello que nuestro primer pensamiento es para las víctimas del terrorismo y de cualquier forma de violencia de motivación política. En su diversidad, en su pluralidad, desde el respeto profundo a todas y cada una de ellas, las organizaciones políticas abajo firmantes queremos transmitirles nuestro apoyo y reconocimiento.

La sociedad vasca y navarra viven como un alivio el paso dado por ETA, pero lejos de conformarnos, invitamos a seguir dando más pasos en esta dirección de reconocer lo injustificable de cualquier vulneración de derechos humanos. Nada de esto debió suceder. Su disolución llega tarde. Décadas tarde.

La sociedad hace tiempo que manifestó su rechazo más profundo a su actividad. ETA es pasado. La pregunta que hoy nos recorre es, para qué tanto padecimiento inútil. La violencia de ETA no ha logrado nada más que generar sufrimiento. Después de tantos años, de tanto dolor, la inutilidad de la violencia es clara y evidente y esa es una lección que la sociedad no puede olvidar nunca: jamás se debe utilizar la violencia para obtener objetivos políticos. No es ético tratar de eliminar físicamente al adversario político.

Asimismo, echamos en falta un esfuerzo por esclarecer la verdad y el pasado. ETA debe de dar pasos para que se conozca la verdad de aquellos hechos que necesitan esclarecerse. Es un paso imprescindible para las familias de las víctimas y una condición clara de los principios en los que se basa la justicia transicional: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Las organizaciones políticas abajo firmantes reiteramos, como siempre hemos hecho, el rechazo a todo tipo de violencia y mostramos nuestro compromiso con la verdad, con la justicia, con la memoria y con la reparación, incluyendo las garantías de no repetición, y apoyaremos cuantas iniciativas políticas vayan en la línea de esclarecer lo sucedido, reparar a las víctimas y mantener su recuerdo porque debemos avanzar hacia una sociedad donde los derechos humanos sean la base de la convivencia.

Pedimos al resto de formaciones políticas que en este momento, y de cara al futuro, mostremos unidad y trabajemos juntas a fin de superar las consecuencias de la violencia en todos los ámbitos. Debemos avanzar en la memoria y la convivencia, así como en la política penitenciaria y el reconocimiento y esclarecimiento de todas las vulneraciones de derechos humanos acontecidas desde una perspectiva de respeto a las víctimas.

Por último y no menos importante, no queremos dejar pasar la ocasión de recordar que es urgente un cambio en las políticas de excepcionalidad penitenciaria, el acercamiento de presos y presas, la progresión de los grados y la libertad de aquellos gravemente enfermos, tal y como dictamina la ley. Esta política penitenciaria vengativa no era aceptable cuando ETA asesinaba y no lo es hoy cuando parece que nos acercamos hacia su disolución definitiva.

"¿Pensionistas egoístas y demagogos? Respuesta a un demagogo" (Vicenç Navarro)

La salida de los pensionistas a la calle en protesta por la bajada de la capacidad adquisitiva de sus pensiones ha creado una respuesta del establishment conservador-neoliberal, próximo al capital financiero, de clara hostilidad (expresada en los medios de información que controlan y/o influencian) hacia los pensionistas, acusándolos de todo. 


 Un ejemplo fue un reciente programa sobre las pensiones en La Sexta Noche donde el economista del programa, el Sr. Gonzalo Bernardos (cuya mayor “aportación” había sido el negar en 2004 que habría una burbuja inmobiliaria de carácter especulativo, poco antes de que esta explotara), riñó a los dirigentes del movimiento de protesta de los pensionistas (presentes en el programa) criticándolos por desear más dinero público cuando ya tenían más que suficiente, mucho más –según él- que lo que tenían los pensionistas de los países de la Unión Europea. Lo que caracterizó aquel intercambio fue el tono pedante que el economista utilizó para ridiculizar a los pensionistas, dirigiéndose hacia ellos –gente normal y corriente– con un tono condescendiente y ofensivo. Los acusaba de ignorantes y de escasa sensibilidad hacia los demás, que estaban en una situación peor.

En un artículo ampliamente documentado, mostré que, en realidad, los pensionistas estaban mucho mejor informados sobre la situación de las pensiones que el “supuesto” experto. El conocimiento que la vida cotidiana da a los pensionistas, en muchas ocasiones, es mayor que el que adquieren profesionales que obtienen sus datos de instituciones próximas a los grupos financieros opuestos a las transferencias públicas del Estado –como las pensiones- (ver mi artículo “La falsedad de la supuesta ‘excesiva’ generosidad de las pensiones en España”, Público, 02.02.2018). Los datos objetivos y creíbles muestran que eran los pensionistas –y no el supuesto experto- los que llevaban razón. Como muestro en el artículo citado, las pensiones en España son bajas en relación con las existentes en los otros países de la UE-15.

Otro artículo ofensivo hacia los pensionistas
Otro ejemplo más reciente es el artículo de nada menos que de un catedrático de Sociología de la Universidad Complutense, Julio Carabaña, en el que, con el mismo tono beligerante, insulta a los pensionistas, llamándolos egoístas y demagogos (“Pensionistas, egoístas y demagogos”, publicado con toda visibilidad en lugar preferente en El País, 09.04.2018). Presenta a los pensionistas que han salido a la calle para protestar como “egoístas dirigidos por demagogos” que mienten, tergiversando la realidad, ocultando que en realidad “los pensionistas nunca han estado mejor que ahora”. Llamarlos egoístas se justifica, según el autor, porque este elevado bienestar se ha conseguido a costa de un mayor sacrificio de las personas que trabajan (y que contribuyen a la Seguridad Social), cuyo nivel de vida ha descendido. 

En general, este tipo de artículos (que pertenecerían más a la órbita de La Razón, ABC o El Mundo que a lo que era antes El País) no merecen una contestación. Pero al ser firmado por un catedrático de Sociología, Julio Carabaña, que utiliza toda una serie de datos en un intento de añadir credibilidad a su mensaje, exige una respuesta. Lamento que no fuese consciente de la existencia de tal artículo hasta hace un par de días. Por lo visto ha sido ampliamente difundido por instrumentos próximos a la banca, a las compañías de seguros y a la gran patronal (que es decir, por un extenso número de medios del país).

En general los argumentos son parecidos a los que el economista del programa de La Sexta Noche utilizó en su intento de ridiculizar a los pensionistas, acusándolos también de oportunistas y de exagerados pues las pensiones son supergenorosas en España, mucho más que en otros países de nuestro entorno.

Las falacias y “fake news” sobre las pensiones
Veamos pues lo que el artículo de Carabaña dice. El artículo se inicia con la contundente frase “nunca los pensionistas han estado mejor que ahora”. De ahí que concluya en el artículo que no tienen razón en su queja, la cual está llenando las calles. Pero la falsedad de tal dictamen es muy fácil de demostrar. El poder adquisitivo de las pensiones contributivas ha bajado en los últimos años durante el mandato del gobierno de Rajoy. Desde 1997 a 2010 la capacidad adquisitiva de las pensiones (la diferencia entre la revalorización acumulada de las pensiones y la subida acumulada del IPC) aumentó. En otras palabras, las pensiones aumentaron más que la inflación. En cambio, a partir del 2012, con el gobierno Rajoy, tal capacidad adquisitiva disminuyó ya que las pensiones crecieron menos que la inflación. En lenguaje plano quiere decir que vivieron peor, no mejor, que en los años anteriores. ¿De dónde saca el Profesor Carabaña que los pensionistas viven mejor? Los datos muestran claramente que están cargados de razón para salir a la calle.

Pero no satisfecho en acusar a los pensionistas de “quejosos sin razón” (pues están viviendo mucho mejor, lo cual es fácil de mostrar, como acabo de hacerlo que no es cierto), los acusa también de egoístas pues en realidad la pobreza entre pensionistas (población con 65 años o más) ha ido bajando y bajando mientras que la pobreza entre la población de 16 a 64 años ha ido subiendo. Además de quejosos, los pensionistas son, pues, insensibles hacia la situación de los demás.

Pero ahí, de nuevo, el profesor Carabaña también confunde los datos y su interpretación. La tasa de pobreza relativa de Eurostat se calcula como el 60% de la mediana de los ingresos por unidad de consumo de las personas. Por lo tanto, esto quiere decir que aumenta y disminuye en función de lo que pase con la mediana de los ingresos. Al disminuir los ingresos generales de la población también disminuye la tasa de pobreza de Eurostat. Los jubilados han mantenido ingresos estables durante la crisis, y por eso salen mejor parados que el resto de los colectivos, pero esto solo es debido a que los demás se han empobrecido mucho más. Además, según el informe “La crisis económica y la solidaridad familiar de los mayores”, publicado por la Unión Democrática de Pensionistas (UDP) en marzo de 2014, seis de cada diez personas mayores (59,5%) ayudan económicamente a familiares o amigos en los peores años de la crisis. Dicho porcentaje ha experimentado un incremento de 19,1 puntos con respecto a 2012 y de 44,4 con respecto a 2010. A su vez, ocho de cada diez mayores (81,5%) ayudan a los hijos e hijas. Siete de cada diez mayores (69,6%) proporcionan una ayuda que es imprescindible para que los beneficiarios que la reciben puedan vivir dignamente. Así pues, aunque han mantenido sus ingresos, los usan para ayudar a toda la familia, lo cual distorsiona el cálculo de la unidad de consumo, dando una visión sesgada y poco realista de la situación real de esos ingresos. 

 Y ello lleva a la absurdidad de la acusación de ser egoístas asumiendo erróneamente que sus mejoras ocurren a costa del empeoramiento de la situación de los demás. Aunque es cierto que los pensionistas han resistido mejor a la pobreza respecto al resto de la población, esto no significa que sean egoístas por protestar porque haya gente aún en peor situación. ¿Qué pasa si los comparamos, en cambio, con los que mejor les ha ido durante la crisis? El último informe de Oxfam Intermón “¿Realidad o ficción? La recuperación económica, en manos de una minoría?”, publicado a finales de 2017, señala que mientras el 10% más pobre ha visto disminuir un 17% su participación en la renta nacional durante la década de la Gran Recesión (años 2007 a 2016), el 10% más rico la ha visto incrementada en un 5%. Y el 1% más rico, en un 9%. A su vez, el 10% más rico concentra más de la mitad de la riqueza total del país (un 53,8%), más que el 90% restante, i el 1% de ricos entre los ricos posee la cuarta parte de la riqueza, casi el mismo porcentaje que el 70% de toda la población. Al mismo tiempo, en el último año contabilizado, de 2016 a 2017, el 1% más rico capturó el 40% de toda la riqueza creada, mientras el 50% más pobre apenas consiguió repartirse un 7% de ese crecimiento. En cambio, en España dos millones de pensionistas reciben entre 600 y 646 euros al mes (que son unas cifras menores que el salario mínimo interprofesional, fijado en 735,90 euros para 2018), y 4,5 millones menos de 1.000 euros al mes (ver Lo que debes saber para que no te roben la pensión escrito por Juan Torres y yo, Espasa 2013). ¿Son egoístas los pensionistas por protestar para que se redistribuya la riqueza, pidiendo nuevas formas de financiación de las pensiones tal como están exigiendo?

España se gasta menos, no más que la UE
En realidad, España se gasta en pensiones mucho menos de lo que debería gastarse por su estructura demográfica (que es muy semejante a la del promedio de la UE-15) y por su nivel de riqueza. Así, según Eurostat, la población con 65 años o más representa en España un 18,5% del total (el mismo porcentaje que en el promedio de la UE-15). Sin embargo, el gasto en pensiones de jubilación asciende en España a un 8% del PIB, el tercer gasto más bajo de los países de la UE-15, cuando el promedio de la UE-15 es del 9,5% del PIB. En el caso de países concretos, Austria, con el mismo porcentaje de población con 65 años o más (18,5%), se gasta un 3% más del PIB en pensiones de jubilación que España (un 11% contra un 8%).

Es más, la Comisión Europea, en su informe The 2015 Ageing Report, ha calculado que la tasa de reemplazo de las pensiones españolas podría caer al 48% en 2060, lo que hace evidente el proceso de deterioro en el que está entrando el sistema español de pensiones debido a las carencias actuales del mercado laboral y a la reforma de las pensiones de 2013. En resumen, lo que estamos viendo en España es la pérdida de un derecho colectivo constitucional. Es una cuestión de derechos y de modelo, no de cuantía relativa con respecto a la gente que lo está pasando peor.