miércoles, 16 de agosto de 2017

#DEFENDERAQUIENDEFIENDE

Desde Caminando Fronteras queremos denunciar los hechos que vienen marcando nuestra actividad profesional desde hace años y que se han agravado en las últimas semanas; denotando la situación de amenaza y desprotección que sufren las personas defensoras de Derechos Humanos en la Frontera Sur española.

 Desgraciadamente estas situaciones de violencia forman parte de la vida cotidiana de las personas migrantes en la frontera, dándose una situación de excepción democrática tal que incluso el hecho de hablar de Derechos Humanos en estos espacios de ‘no derecho’ es sentido por los Estados como una amenaza a sus intereses. Esto es precisamente lo que ha sucedido en las últimas semanas cuando una persona integrante de nuestro colectivo, en concreto nuestra compañera Helena Maleno Garzón, ha visto amenazada su seguridad y su integridad física y moral a raíz de unas declaraciones que realizó en televisión en las que afirmaba que “la lesión de un policía en la frontera de Ceuta no fue provocada por la violencia de las personas migrantes, sino que el policía se lesionó al recibir a patadas a migrantes que estaban en territorio del Estado español”.
 A partir de estas declaraciones se orquestó una campaña en Twitter, donde se señalaba y criminalizaba ante la policía a nuestra compañera, intentando por enésima vez coartar su actividad política. Nuestra compañera Helena no se achantó ante las amenazas y posteriormente concedió una entrevista a la plataforma ‘Es Racismo’ (vinculado a SOS Racismo Madrid) donde explicaba la construcción del racismo institucional en la Frontera Sur española. Esto hizo que la campaña de amenazas en Twitter se recrudeciese con perfiles que amenazaban a la compañera, especialmente a través de su condición de mujer activista, instando incluso a la violación sexual como una forma de acallarla a la vez que se hacían referencias a su vida personal. Las amenazas por Twitter han ido más allá derivando en llamadas telefónicas a su móvil personal donde se repetían constantemente los mismos insultos que se leían en las redes sociales.
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Pero el cúlmen sucedió ayer, cuando el Sindicato Unificado de Polícia (SUP) se unió a la cadena de ‘tuits’ que la amenazaban. Aunque los ‘tuits’ escritos desde el perfil oficial del sindicato eran ‘correctos’ en su forma, entendemos que el espacio (es decir, una cadena de mensajes donde se insta al odio, al racismo y la violencia contra personas migrantes y mujeres) no era el lugar para que una organización de funcionarios del Estado sindicados se posicionase. Es más, el SUP prefirió obviar los posteriores mensajes que amenazaban directamente a nuestra compañera y otros activistas así como a las personas migrantes. Seguidamente Helena recibió una amenaza de muerte por mensaje privado acompañada de una fotografía de una pistola y una bala en la que se podía leer “Le sugiero el silencio o va a morir. Está incomodando a las autoridades”.
Ante tal situación Helena Maleno Garzón ha presentado una denuncia haciendo una recopilación de todas las amenazas que por diferentes vías instan a acabar con su labor de denuncia de la vulneración de derechos y que ponen en peligro su propia vida. Pero no es suficiente. Criminalizar y presionar a las personas defensoras de los Derechos Humanos, especialmente en la Frontera Sur española, es una vieja práctica política que compañeros como Moha Gerehou de SOS RACISMO, las compañeras de HARRAGA (María Antúnez, Rosa García, Nora Driss y Sara Olcina), o José Palazón de PRODEIN, también han padecido entre otras.
Por ello nos vemos obligadas a denunciar estos hechos más allá de la vía judicial interpelando a la sociedad civil y a las instituciones democráticas españolas a #DefenderAQuienDefiende. Porque oculto bajo el discurso de la protección del territorio las personas migrantes son sistemáticamente violentadas, violadas e incluso asesinadas y el racismo del control fronterizo es una práctica cotidiana con numerosas víctimas.

¡Haber estudiao! (Jóvenes, empleo y turismo)

"Virginia debería estar agradecida ya que toda esa fauna le paga la limosna que su jefe llama salario. No importa que esté harta de aguantar paletos asilvestrados que gastan como Onassis, “teenagers” pasados de alcohol que hacen de la playa su cochiquera particular y de orondos patriotas españoles que creen que su sombrero Panamá y su paquete turístico “low cost”, es la puerta a un marquesado."


publicado en http://diario16.com
El asuso sol despunta en un horizonte cerúleo intenso. La playa empieza a estar coloreada por cientos de sombrillas que serpentean la línea del mar. El azul predominante de la concesión del Ayuntamiento, se diluye entre los toldos amarillos, rojos y anaranjados que los abuelos y abuelas, que se han levantado a las seis de la mañana, han colocado con esmero y que, como cuando eran chiquillos y en su pueblo, cuando sus padres les mandaban a por un decilitro de aceite o un cuartillo de vino, acaban sus días siendo recaderos, ahora de sus hijos y nietos.
Virginia observa el mar, mientras coloca barriles de cerveza, limpia y decora mesas y prepara el chiringuito para la avalancha de cangrejos humanos que dentro de tres cuartos de hora, empezarán a sentarse a la espera de engullir una paella tan colorada como sus pieles. Trabaja con desgana y por necesidad. Con desgana porque la jornada se inicia a las once de la mañana y la mayor parte de los días, le dan las once de la noche cuando cierra. Todo por unos escasos ochocientos euros de los que apenas le quedan trescientos, tras tener que pagar el alquiler de un minúsculo apartamento, que comparte con una compañera que hace camas en un hotel,  a casi cuarenta minutos en trasporte público tierra adentro. Los días que plega después de la media noche, encima, la tienen que llevar a casa o tiene que cogerse un taxi o simplemente se queda a dormir en la playa. Trabaja por necesidad porque, a sus veinticinco años, tras haber acabado la carrera de químicas con notable calificación y después de haber realizado varios cursos de formación, no encuentra faena que no sea servir hamburguesas o copas y porque debería ahorrar en verano los seis mil euros que le cuesta un máster y que, tal y como van las cosas, no será capaz de juntar, ni aunque el verano durara todo el año. Eso, sin contar con que, de vuelta a Madrid, el piso de alquiler dónde han vivido desde que comenzó sus estudios universitarios, ha dejado de ser su casa de estudiantes para albergar a jóvenes extranjeros, que pasan la mayor parte del tiempo borrachos y que dan mucha más ganancia al casero. Ahora, tendrá que buscar cobijo más alejado de la Ciudad Universitaria, y seguro que mucho más caro que los ochocientos euros del alquiler que pagaba junto con sus otras tres compañeras, por un piso bien situado y grande (aunque tuvieran que pagar todo el año, para no perder la vivienda).
Virginia, ni siquiera ha tenido oportunidad, como alguna de sus amigas, de irse a trabajar al extranjero (de lo suyo). Durante el curso, sobrevive poniendo copas en Malasaña los jueves, festivos y fines de semana. Desde finales de mayo, trabajando a destajo en un chiringuito playero. Allí está lo peor. Allí, día a día, tiene que lidiar con nuevos ricos venidos de Rusia que se comportan como auténticos truhanes, que beben cava metidos en el mar (imitando alguna de esas películas hooliwolenses), rodeados siempre de mujeres, todas talla 38 y jóvenes, que comen y beben lo que venden en la playa, tirando todo en la arena y dejándola como un auténtico chiquero. Vive soportando jóvenes ingleses que ya caminan borrachos a los doce de la mañana, que defecan detrás del chiringuito, que miccionan en cualquier sitio y se pasean desnudos, dirigiendo sus penes y sus risotadas hacia todas las muchachas con las que se cruzan. Vive soportando al gañán español que se cree que porque está de vacaciones, todos los que trabajan están a su servicio y antojo, pide las cosas a voces y sin educación y se cree con el derecho de pisotear a todo aquel que trabaje en los lugares que frecuenta. Él no entiende de derechos, ni de las condiciones que soportan esos trabajadores. Reclama si la cama tiene una arruga, si hay un pelo en el suelo de la habitación, si tardan más de dos minutos en servirle la paella (el mismo pienso rojizo que engullen los cangrejos humanos) o si la TV del hotel no tiene canales de deportes
Virginia ha visto en la TV como el presidente de su país le ha llamado antipatriota. Porque debería estar agradecida ya que toda esa fauna le paga la limosna que su jefe llama salario. No importa que esté harta de aguantar paletos asilvestrados que gastan como Onassis, “teenagers” pasados de alcohol que hacen de la playa su cochiquera particular y de orondos patriotas españoles que creen que su sombrero Panamá y su paquete turístico “low cost”, es la puerta a un marquesado. No importa porque hay que mimar al turista y poner la cama. 
Viendo la TV, se pregunta que para qué coño ha estudiado.

"Cataluña: El desafío democrático"

"Si ese “que voten todos los españoles” es puro cinismo, el “si del 1-O hay más síes que noes, declaramos la independencia” es ciego y probablemente poco democrático" 

 
Hugo Martínez Abarca en "Cuarto Poder"
 
Afortunadamente, ante un conflicto político ya nadie discute que hay que resolverlo votando: lo que se discute es quién tiene derecho a votar, con qué límites, etc. Nadie se atreve a decir, por ejemplo, que Cataluña no puede votar o incluso independizarse porque la unidad de España sea perpetua ni, desde luego, que para la independencia de Cataluña no haga falta votar porque, merced a alguna revelación divina o metafísico-nacional, Cataluña no sea España y eso lleva a un Estado propio quiera o no la gente que vive en Cataluña.
 
Pese al soniquete ya instalado, el desafío que tiene España desde Cataluña y que tiene la propia Cataluña no es un desafío independentista sino democrático, puesto que lo que se debate no es tanto sobre una hipotética secesión sino sobre quién y cómo debería decidir sobre ésta, quién y con qué límites puede votar al respecto. El nacionalismo español más cínico dice que deberían votar todos los españoles (pese a que ellos mismos nos niegan el voto sistemáticamente ya sea para reformar la Constitución en agosto, ya para la sucesión en la jefatura del Estado o para cualquier cuestión relevante) y que los límites son la Constitución en su interpretación más restrictiva. Para los defensores de la hoja de ruta planteada por Puigdemont y sus apoyos políticos (PDCat, ERC, CUP) pueden votar los catalanes y, los que quieran hacerlo el 1 de octubre en las condiciones planteadas por Puigdemont, decidirán incluso si la participación fuese mínima.
 
El debate sobre quién debe votar el status político de Cataluña merece poca atención: tenemos más que incorporada a nuestras intuiciones políticas la idea de que el legitimado para adoptar decisiones políticas es el sujeto de éstas, no todo aquel al que le afecte. Que el Brexit afecte a toda Europa no hace que a nadie se le haya ocurrido pensar que la votación de los británicos era ilegítima porque no votaron todos los europeos. A nadie se le ocurrió que la independencia de Quebec o Escocia tuviera que ser votada por todos los canadienses o británicos. Los ámbitos de soberanía política son en el siglo XXI lo suficientemente flexibles como para asumir que ese “que voten todos los españoles” simplemente encubre la voluntad de que no vote nadie (tampoco se entiende por qué el independentismo catalán no acepta esa falsa propuesta, bien para desenmascararla, bien para contar los votos en Cataluña en una votación así).
 
Lo más interesante, y es el debate cuya resolución necesitamos para desatascar la situación catalana, es cómo lograr las condiciones para que una votación en Cataluña esté efectivamente legitimada para traducirse en “la voz de los catalanes”. Si ese “que voten todos los españoles” es puro cinismo, el “si del 1-O hay más síes que noes, declaramos la independencia” es ciego y probablemente poco democrático.
 
En Cataluña hay un consenso social muy amplio (y transversal) sobre que es legítima la convocatoria de un referéndum y que esa es la única forma de desatascar el conflicto. Sobre lo que no hay ese consenso es sobre que lo convocado el 1 de octubre sea ese referéndum que lo desatasque. La convocatoria cuenta con el apoyo generalizado de quienes votarían sí y por sólo una parte de quienes votarían no a la independencia. Muchísimos noes no irán a votar, por lo que la votación no nos dirá qué quieren los catalanes.
 
Obviamente hasta que se cuenten los votos del 1 de octubre (y sólo en el caso de que ningún catalán tenga dificultades para votar y que el recuento ofrezca absolutas garantías) no sabremos cuántos catalanes hacen suya la convocatoria. La única forma de que el 1 de octubre arroje un resultado que permita decir que la mayoría de los catalanes quiere un Estado independiente sería que, independientemente de la participación, la cantidad de síes sea superior al 50% del censo catalán partiendo, de nuevo, de que el recuento ofreciera una confianza incuestionable.
 
Salvo en ese improbable caso, un referéndum en Cataluña sólo podrá traducirse en voz del pueblo catalán si la forma en que se convoca es fruto de un acuerdo suficientemente transversal entre partidarios y detractores de la independencia de Cataluña. Incluso si el Gobierno de Cataluña lograra vencer las dificultades logísticas y burocráticas para que toda la ciudadanía catalana pudiera votar si quiere y para que el recuento sea fiel a lo votado, cuenta con el principal problema político: una buena parte de la ciudadanía catalana no hará suyo el referéndum.
 
Es cierto que entre los contrarios a la independencia de Cataluña sólo tenemos vocación de un acuerdo para que haya un referéndum democrático, pacífico y garantista quienes anteponemos el principio democrático a cualquier veleidad nacionalista. También quienes tienen la lucidez de entender que la unidad de la España diversa carece de futuro si no es voluntaria, que el cerrojazo sólo aleja más y más a Cataluña de España. Para partidos como el PP y Ciudadanos y la parte más nacionalista del PSOE, no sólo no hay ninguna necesidad de llegar a un acuerdo sino que hacen del enquistamiento del problema catalán su principal reclamo electoral: cuanto más conflictiva sea nuestra realidad territorial, mejor (entre otras cosas porque les permite no hablar de todos los demás problemas que tenemos los españoles).
 
El 1 de octubre, más que el referéndum que tarde o temprano habrá en Cataluña, se celebrará un notable instrumento de presión para mostrar que hay millones de catalanes que quieren votar. Y en ese sentido es plenamente legítimo e incluso merecería la simpatía de quienes repudiamos el inmovilismo suicida de un Gobierno español que antepone sus anteojeras nacionalistas y, sobre todo, sus intereses electorales a los principios democráticos y a los intereses reales de España (el referéndum es el único camino hacia una España democrática y unida en la diversidad y en la libertad).
 
Sin embargo, esta movilización legítima en vez de presionar al Gobierno de Rajoy probablemente le ayudará tensionar aún más el conflicto territorial para desviar el debate político de la situación social, económica, ética y democrática de España a un conflicto (también real, pero no único) entre nacionalismos. Es obvio que en la actual composición política de Cataluña y de España es muy difícil alcanzar un acuerdo que permita dar una solución pacífica y democrática al conflicto catalán. Que sea evidente que deben ser los catalanes quienes decidan no hace que sea sencillo lograr que los catalanes decidan. Bienvenido fuera el 1 de octubre si acercara el momento en el que esto suceda, pero no hay una sola razón para pensar que será así por muy legítimo que sea intentarlo.

martes, 15 de agosto de 2017

Conflicto laboral en El Prat: Y el tsunami privatizador de Aznar llegó a los aeropuertos

La obsesión del primer Gobierno de José María Aznar por el déficit cero que debía garantizar la entrada de España en el selecto club del euro se llevó por delante muchas empresas públicas (Telefónica, Tabacalera, Endesa, Repsol, Gas Natural, etcétera) y también, aunque pasara mucho más desapercibido, la seguridad pública de los aeropuertos. El 29 de junio de 1999, mientras los titulares de la prensa los copaba el caos de los aeropuertos causado por las protestas de los controladores y las raquíticas infraestructuras, Aena y la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior firmaban el convenio que arrinconaría a la Guardia Civil en los controles de los pasajeros.


"En el ejercicio de las competencias que Aena tiene asignadas en su propio estatuto, en materia de seguridad aeroportuaria, el Ente Público, a través de su Departamento de Seguridad, participará, en el marco de la coordinación y cooperación con las Fuerzas de Seguridad del Estado, en la adopción de medidas de seguridad dentro de los recintos aeroportuarios, y, de manera específica, en los servicios, recintos y lugares que se relacionan…" Así empezaba la disposición tercera del convenio para después establecer que "la prestación de servicios que correspondan a Aena, se realizará por vigilantes de seguridad, integrados en su Departamento de Seguridad".

El entonces ministro de Fomento, Rafael Arias Salgado, cabalgaba con mucho gusto en la ola privatizadora, hasta el punto de que llegó a anunciar también la privatización de Aena, algo que no se llevaría a cabo hasta 15 años después y solo parcialmente.

La concesión a empresas privadas de los controles aeroportuarios tampoco se hizo de la noche a la mañana. Empezó por algunas instalaciones para acabar extendiéndose a los grandes de Madrid y Barcelona. Los nuevos requisitos derivados de los atentados del 11-S hicieron más compleja y salpicada de conflictos la participación de un personal mal pagado y con escasa formación en el registro de los pasajeros, pero nunca la frenaron. El ahorro en efectivos de las fuerzas de seguridad del Estado era una golosina demasiado apetitosa incluso en tiempos de superávit presupuestario.

Tres compañías se reparten el pastel 

Dieciocho años después, tres compañías se reparten el pastel de la seguridad de la red de Aena. Eulen copa el mayor número de instalaciones, 21, aunque la gran mayoría, salvo la de El Prat, son de pequeño tamaño. Su principal rival, Prosegur, controla 17, con la ventaja de tener entre ellos Madrid-Barajas, Alicante, Ibiza, Gran Canaria y Tenerife Sur. ICTS detenta otros 7, Málaga entre ellos.

Eulen arrebató a Prosegur la gestión del aeródromo barcelonés en el concurso convocado en junio del año pasado al presentar una oferta 500.000 euros más barata que su rival. Un baja del 2% respecto al precio de licicitacion que "de ningún modo puede considerarse temeraria", según los directivos de Aena.

Sea o no temeraria la baja, el hecho es que el salario medio de un trabajador de Eulen oscila entre los 900 y los 950 euros, mientras que el de un guardia civil se estima en 1.400. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha recordado que en su día ya advirtieron de "las consecuencias negativas que tendría privatizar la seguridad pública, tanto en aeropuertos como en los centros penitenciarios". "Ahora que se evidencia el conflicto, se acude a la Guardia Civil para solventarlo haciendo uso de unos funcionarios públicos carentes de derechos fundamentales como el derecho de sindicación y negociación colectiva", reprochan. 

Manuel Vilaseró en "El Periódico"

lunes, 14 de agosto de 2017

"Turismofobia" y turismo sostenible

Desde las instituciones tratan de "tranquilizar" a la ciudadanía con mensajes del tipo “en Euskadi, el sector turístico aún tiene margen para el crecimiento”, “entre la población en general no existe la percepción de que haya saturación” o “esto no es Barcelona ni Mallorca”. Ya. ¿Y? Eso no es contradictorio y, sobre todo, no alivia la situación en lugares como la Parte Vieja o en sectores que, por ejemplo, ven que su derecho a acceder a una vivienda se recorta aún más porque los alquileres se disparan.


Artículo de Eguzki Donostia

A raíz de las acciones de denuncia de Arran en Catalunya y la manifestación convocada por Ernai en la Aste Nagusia, algunos están sumamente interesados en vender la burra de la “turismofobia nacionalista”, y más de un medio de comunicación ha desplazado equipos estos días a la Parte Vieja  donostiarra para recoger “pruebas gráficas” de tal perversión. Pero la realidad no da para mucho… “Aquí no hay más que cuatro pintadas pequeñitas con rotulador”, comunicaba el otro día por teléfono a la redacción una reportera, mientras su cámara, aburrido, aguardaba indicaciones. Seguramente por eso, o sea, porque no había nada mejor que llevarse al objetivo de la cámara, un modesto mural de Eguzki, que denuncia en clave de humor el problema de los apartamentos turísticos, ha obtenido un sorprendente eco.

El problema no son los turistas. Es verdad que unos son más conscientes y respetuosos que otros, pero en eso, la verdad, no se diferencian en absoluto de los indígenas. Además, salvo quienes se desplazan por pura supervivencia, que esos sí que no son turistas, todos y todas practicamos el turismo en mayor o menor medida, incluidos los que prefieren verse a sí mismos como viajeros o peregrinos.

El turismo en sí tampoco puede ser un problema, del mismo modo que no pueden serlo la agricultura o la industria; en todo caso, el problema lo será el modelo de turismo, de agricultura o de industria. Por afinar más, el problema será el monocultivo, ya sea de pinos, de fábricas de tornillos o bares-de-pintxos-para-turistas. Más aún cuando este monocultivo se ve favorecido por acción y/u omisión por parte de quienes mandan, más preocupados por atender las exigencias de los lobbies que las necesidades y derechos de la población.

¿Es esto lo que sucede con el turismo en Donostia y, más concretamente, en la Parte Vieja? ¡Sin la menor duda! ¿Cómo, si no, se ha llegado a la situación actual? Pues, por ejemplo, no actuando contra pisos turísticos ilegales. o haciéndolo, y además solo de manera tibia, tras reiteradas denuncias vecinales, o aprobando normativas de terrazas que sacrifican el espacio público en beneficio de la hostelería. Aquí se han quitado bancos  públicos para que una cafetería pudiera poner sus mesas en la acera. “Esa es vuestra opinión…”. Sí, pero una opinión bien fundamentada. ¿Por qué, si no, iba a anunciar el alcalde Eneko Goia que la Parte Vieja será declarada en 2018 zona saturada de apartamentos turísticos? ¿Qué pasa, que hasta ahora no se habían dado cuenta de cuál era la situación? Pues no será porque la Asociación de Vecinos (encomiable e ingrata labor la suya, por cierto) y otros agentes no lo hayan venido advirtiendo. El anuncio de Goia no puede interpretarse sino como una aceptación más explícita que implícita de que, como mínimo, no se han tomado las medidas adecuadas.

Desde las instituciones tratan de "tranquilizar" a la ciudadanía con mensajes del tipo “en Euskadi, el sector turístico aún tiene margen para el crecimiento”, “entre la población en general no existe la percepción de que haya saturación” o “esto no es Barcelona ni Mallorca”. Ya. ¿Y? Eso no es contradictorio y, sobre todo, no alivia la situación en lugares como la Parte Vieja o en sectores que, por ejemplo, ven que su derecho a acceder a una vivienda se recorta aún más porque los alquileres se disparan.

Nos dicen que la clave es el turismo “sostenible”, adjetivo este que, a fuerza de ser utilizado para todo y para cualquier cosa (incluso la incineradora de Zubieta o el TAV son “sostenibles”), ha quedado vacío de contenido. Uno de los que lo utilizan a troche y moche es el diputado de Turismo, Denis Itxaso. Pues bien, demos una pincelada que compete directamente a su gestión. En mayo del año pasado, la Diputación constituyó la Mesa del Turismo, para coordinar “a todos los agentes implicados”. Eguzki remitió entonces al ente foral un escrito en el que manifestaba su “sorpresa” –ya sabéis, una palabra a caballo entre la ironía y el lenguaje políticamente correcto– por el hecho de que la Mesa no incluyera entre sus funciones analizar el impacto de esta actividad en el medio ambiente. De hecho, constatábamos que, entre sus 28 integrantes (miembros de agencias de viajes, asociaciones de hostelería, de hotelería, etc), no había NINGUNO que representase el punto de vista ambiental (ni vecinal), algo que se antoja básico, máxime en un territorio tan pequeño como Gipuzkoa, en el que un aumento de visitantes conlleva inevitablemente un impacto sobre el transporte, la producción de residuos, los espacios naturales y, en definitiva, el medio ambiente y la calidad de vida de los ciudadanos.

 Pues bien, un año después, nuestra solicitud NI SIQUIERA HA RECIBIDO RESPUESTA. A ver, que nosotros ya sabemos que este tipo de organismos “participativos” son lo que son. Ahí está, por ejemplo, la Mesa de la Biodiversidad, que no se ha reunido desde que se constituyó. Pero cuando uno, en este caso Itxaso, crea un organismo para coordinar “a todos los agentes implicados” y, sin  embargo, convoca exclusivamente a los miembros del lobby, ya sabemos qué credibilidad debemos dar a su concepto de “turismo sostenible”.

Así las cosas, no nos extraña nada que algunos prefieran jugar la carta de la “turismofobia nacionalista” o “radical” a afrontar la responsabilidad de tomar medidas eficaces para combatir las consecuencias negativas de una gestión local deficiente de un fenómeno que, como el turismo, es sin duda global. Quienes no estamos por la labor, deberíamos evitar darles facilidades.