miércoles, 21 de febrero de 2018

Un pensionista denuncia al Gobierno ante Europa por la subida de las pensiones

Domiciano Sandoval, jubilado y activista de Marea Pensionista, ha decidido llevar ante la justicia europea al Gobierno de España por la pérdida de poder adquisitivo del colectivo, provocada tras la reforma del PP del sistema de pensiones.

A través del grupo de abogados Col.lectiu Ronda, ha demandado al Estado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por lo que considera una violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos al vulnerar el deber de “elevar progresivamente el nivel del régimen general de la Seguridad Social” y no garantizar la “suficiencia económica” de los pensionistas.
Además, la demanda elevada invoca la vulneración por parte del Estado español tanto del convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), firmado y ratificado por España, el Código Europeo de Seguridad Social y la Carta Social Europea.
En todos los casos, la normativa establece de forma nítida la obligación por parte de los Estados de preservar el poder adquisitivo de los pensionistas frente a incrementos del coste de la vida. En el caso de la Carta Social Europea, además, se determina la exigencia a los estados miembros de la UE de “tender progresivamente a elevar el nivel de protección de la Seguridad Social”.
 Revisiones por debajo del IPC
En 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy, recién llegado al cargo, aprobó la mencionada reforma de la Seguridad Social en la que, “por primera vez, imponía la decisión de revalorizar las pensiones de jubilación con porcentajes inferiores al IPC”.
En 2013, el Gobierno actuó de la misma forma e impulsó la reforma del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización de las Pensiones que, asegura la demanda, “definitivamente, ha transformado en normativa la desindexación de las pensiones respecto IPC, desactivando la obligación del sistema público de pensiones de garantizar el poder adquisitivo de los más de 9 millones de pensionistas del Estado español.
Una dura batalla legal
La justicia europea es el último cartucho judicial contra esta norma del Gobierno de Mariano Rajoy ya que también se interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional firmado por 146 parlamentarios españoles que fue desestimado con una evidente división existente entre los magistrados, pues 5 jueces se pronunciaron a favor de considerar la medida inconstitucional mientras que 7 se decantaron para otorgar su aval a la actuación del Gobierno.

Valtonyc, "Fariña", obra censurada en ARCO... Malos tiempos para la libertad de expresión

Malos tiempos para la libertad de expresión en nuestro país. Este derecho expresamente recogido en el artículo 20 de la Constitución ha quedado cercenado a través de tres casos que se han sucedido en apenas 24 horas. En dos de ellos ha sido la Justicia la que ha dictado sentencia y en el otro ha sido la propia autocensura la que ha hecho el trabajo previo, como tantas veces sucedía en la dictadura franquista. 

Ayer, el Tribunal Supremo ratificaba la sentencia a tres años y medio de cárcel que había impuesto la Audiencia Nacional al rapero Valtonyc. Sus delitos:  enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la Corona. Por la noche se conocía la decisión de una juez de Collado Villalba de secuestrar el libro Fariña, obra en la que el periodista Nacho Carretero profundiza en la historia del narcotráfico gallego. La razón: una demanda del exalcalde de O Grove por supuesta vulneración de su derecho al autor. Y hoy, ARCO ha instado a una galerista a retirar una serie de 24 fotografías de Santiago Sierra titulada Presos Políticos en la España Contemporánea, en la que aparecen, pixeladas, imágenes de Oriol Junqueras o los jóvenes detenidos por agresión a dos guardias civiles en Altsasu (Navarra).

El rapero Valtonyc, a prisión

En el caso de Josep Miquel Arenas Beltrán, conocido como Valtonyc, el Supremo desestimó sus argumentos y confirmó la sentencia de la Audiencia. Así, el rapero tendrá que ir a la cárcel para cumplir una condena de tres años y medio. Y es que para el Alto Tribunal los contenidos de sus canciones "no quedan amparados por la libertad de expresión o difusión de opiniones" y sí suponen un enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias a la Corona y amenazas a Jorge Campos, presidente de la asociación Círculo Balear.. 
En concreto, se trata de diez canciones del álbum Residus de un poeta , otros diez temas bajo el título Mallorca es Ca nostra; y, por último, otras dos canciones que fueron subidas por el rapero a Youtube con el título de Marca España y El fascismo se cura muriendo. Aquí se pueden leer las frases exactas por las que se le condena.
Las reacciones políticas y del mundo de la música no se hicieron esperan alzando la voz en contra de una sentencia en la que se condenaba la libertad de expresión y de creación. Por la noche, el hashtag #RapearNoEsDelito se convirtió en Trending Topic. Y las redes se llenaron de muestras de solidaridad y apoyo al rapero. Joaquín Urias, exletrado del Tribunal Constitucional, asegura en una entrevista a Públicoque "los delitos de enaltecimiento del terrorismo y de injurias a la Corona no deberían existir" porque "dejan demasiado espacio para la persecución ideológica del disidente".
Precisamente por enaltecer el terrorismo se sienten hoy en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional dos tuiteros. Mari Flor M.G. y Luis S.S. son juzgados por publicar mensajes en los que ensalzaban la actividad terrorista de ETA, degradaban a sus víctimas y arremetían contra la Policía y conocidos periodistas y políticos, unos hechos por los que la Fiscalía pide para cada uno dos años de prisión.

Secuestro del libro 'Fariña'

Pero cuando todavía el fragor del debate en torno a la sentencia a Valtonyc seguía candente, la opinión pública conocía otra decisión judicial cuanto menos polémica. La juez de Collado Villalba (Madrid) Alejandra Fontana acordaba el secuestro cautelar del libro Fariña, en el que el periodista Nacho Carretero profundiza en la historia del narcotráfico gallego, a petición del exalcalde de O Grove (Pontevedra) José Alfredo Bea Gondar, quien demandó en enero a Carretero y a la editorial Libros del KO por supuesta vulneración de su derecho al honor. Bea Gondar les reclama 500.000 euros de indemnización.
El exalcalde de O Grove aparece citado en "dos líneas" del libro, de 400 páginas, por supuestos vínculos con el narcotráfico gallego. Por ejemplo, su nombre aparece en este extracto: "Aquel junio de 1991 Orbaiz Picos se ofreció al cartel de Cali para traer 2.000 kilos de cocaína. Lo hizo a través de Alfredo Bea Gondar, alcalde de O Grove por AP en 1983 y 1991 (este último año ganó con mayoría absoluta, después de haber sido acusado de narcotráfico, aunque duró dos días en el cargo), quien aceptó la propuesta y se puso en contacto con Manuel González Crujeira 'o Carallán', al que ya conocemos de su época como colaborador de 'Sito Miñanco'".
Sin embargo, el efecto que ha provocado la noticia del secuestro es que el libro se haya convertido en número uno en ventas en Amazon. Un 'efecto Streisand' en toda regla. Un secuestro que llega, además, dos años después de que el libro se estrenara y tras nueve ediciones del mismo.
Lo que no ha logrado el exalcalde de la localidad gallega es frenar la emisión de la serie de televisión producida sobre esta obra y que será emitida en los próximos meses. En este caso, la juez argumentó que la fecha de emisión de la serie es incierta, así como el guión de la misma, por lo que sería desproporcionado paralizarla.
ARCO retira una obra sobre 'presos políticos'
Y esta mañana, una obra que se iba a exponer en ARCOMadrid ha sido retirada. A instancias de IFEMA, la galerista Helga de Alvear ha decidido quitar de su estand la serie de 24 fotografías de Santiago Sierra titulada Presos Políticos en la España Contemporánea, en la que aparecen, pixeladas, imágenes de Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart o los jóvenes de Altsasu. La obra, valorada en 80.000 euros, fue vendida antes de su retirada. 
IFEMA justifica que "desde el máximo respeto a la libertad de expresión, entiende que la polémica que ha provocado en los medios de comunicación la exhibición de estas piezas, está perjudicando la visibilidad del conjunto de los contenidos que reúne ARCOmadrid 2018. Por tanto, es su responsabilidad, como organizadora, tratar de alejar de su desarrollo los discursos que desvíen la atención del conjunto de la feria".
Unas explicaciones que no han convencido a Santiago Sierra. El artista madrileño ha mostrado su "relativa sorpresa y decepción" y considera que la decisión "daña la imagen" del evento y "del propio estado español". En su perfil oficial de Facebook, Sierra ha afirmado que la decisión también "constituye una falta de respeto hacia una galerista como Helga de Alvear, que participó en la puesta en marcha de la Feria, así como hacia la madurez e inteligencia del público".
"Finalmente --añade-- creemos que actos de este tipo dan sentido y razón a una pieza como ésta, que precisamente denunciaba el clima de persecución  

Publicado en "Público"

Este domingo 25 muevete por las personas refugiadas

Marcha solidaria con las personas en busca de refugio(Domingo 25 de Febrero a las 12h en la Escultura de la Paloma de La Paz-Barrio de Sagues hasta el Kiosko del Boulevard)

Ibilaldia 2018ko otsailaren 25ean hasiko da, 12:00etan, Sagues auzoko Bakearen Usoan. Boulevardeko kioskoan amaituko da.


La situación es insostenible. Estamos sufriendo, en pleno siglo XXI, la mayor crisis humanitaria de personas refugiadas y migrantes desde la Segunda Guerra Mundial. El número de personas que huyen de su país para salvar sus vidas por conflictos armados, vulneración de derechos, violencia y persecuciones, aumenta cada día. Ya son más de 70 millones en todo el mundo. En 2016, 1.259.265 trataron de encontrar refugio en Europa solicitando protección internacional, de las cuales solo 15.755 lo hicieron en España. El mar Mediterráneo se ha convertido en la mayor vergüenza de Europa; en los últimos 17 años, 35.000 personas han perdido la vida en sus aguas, y solo desde 2016 lo han hecho más de 7.000, entre las que se encuentran niñas y niños que se han quedado sin futuro. Estas muertes podrían haberse evitado si las personas hubiesen contado con vías legales y seguras para obtener protección.

Además, nuestras multinacionales, al igual que las de otras potencias mundiales,están también en el origen de las causas de estas migraciones forzosas: guerras provocadas por intereses económicos y energéticos, vulneración de derechos,esclavitud laboral…

Mientras tanto, Europa se blinda, hemos endurecido las políticas de asilo para que cada vez sea más difícil acceder al derecho de protección internacional, y hemos apoyado acuerdos “ilegales” con terceros países no seguros, como Turquía o países africanos, para que sean éstos los que se encarguen de "gestionar" el futuro de millones de personas que huyen de la guerra o cuyas vidas corren peligro por algún tipo de persecución, auspiciando la esclavitud y la tortura. Personas cuyos derechos humanos están siendo reiteradamente vulnerados, primero en sus países de origen y luego cuando llegan al nuestro, a pesar de todas las leyes internacionales y declaraciones universales que obligan a España a ofrecer protección internacional.

Vivimos una crisis del Estado de Derecho.

El Gobierno español tampoco está siendo capaz de cumplir sus propios compromisos. Miles de personas siguen esperando en campos de refugiados dentro y fuera de Europa, en condiciones infrahumanas, para ser acogidas. El 26 de septiembre del año pasado terminó el plazo del programa de reubicación europeo. España ha acogido a un ridículo 13,48% de las 9.323 personas asignadas en su cuota, tras haber rebajado casi la mitad el compromiso inicial de acoger a 17.337. Tan solo 1.257 personas en dos años. Un porcentaje vergonzoso, que nos coloca entre los países con un mayor grado de incumplimiento.

Además, las políticas de asilo españolas durante 2016-2017 han limitado al máximo el derecho de asilo a miles de personas que no huyen del conflicto sirio, pero sí de otros, y que también sufren violaciones de sus derechos.
Ahora más que nunca, es necesario y urgente que toda la ciudadanía, colectivos, asociaciones, entidades y movimientos sociales salgamos a la calle para decir alto y claro lo que queremos.
Queremos una Europa Acogedora, NO una Europa Fortaleza.

Que se proteja el derecho a la vida y al refugio, NO que se vulneren los derechos de las personas que intentan llegar a nuestras fronteras huyendo de la muerte.


Que se acoja a estas personas cumpliendo con la legislación internacional y que no se incumplan los compromisos y obligaciones adquiridos. NO se puede expulsar a nadie a países no seguros.


Todas juntas exigimos que las personas que huyen de sus países sean tratadas según sus derechos y por tanto puedan solicitar la protección internacional que les corresponde en países como España, sin trabas y de forma efectiva.


Que España, y el resto de los países europeos, garantice para ello el acceso a unas vías legales y seguras, como corredores humanitarios o la posibilidad de solicitar asilo en embajadas.


Que España y el resto de gobiernos de la UE adopten medidas urgentes de acogida, y las apliquen de inmediato, haciendo especial hincapié en las necesidades especiales de protección de las personas en situación de vulnerabilidad como niños y niñas, mujeres y personas LGTBI.


Que la Unión Europea suspenda la firma y los acuerdos de control fronterizo, retorno y readmisión con países que no respetan los Derechos Humanos.


Que España y la UE lleven a cabo políticas de acogida que garanticen la dignidad y la inclusión de las personas refugiadas y migrantes.


Y por supuesto, que los gobiernos refuercen la cooperación al desarrollo para trabajar en las causas que provocan los desplazamientos de las personas refugiadas, para evitar que sigan huyendo.


La ciudadanía está en pie. No seremos cómplices. Esta Europa Fortaleza no nos representa, LOS DERECHOS HUMANOS NO SE NEGOCIAN

ONGI ETORRI ERREFUXIATUAK-DONOSTIA

martes, 20 de febrero de 2018

ªCuando el honor del rey vale más que tu libertad de expresión" (Alejandro Torrús)

El honor del rey vale más que tu libertad de expresión. Eso es así. Que se lo digan al rapero Valtonyc, condenado a un año de prisión (entre otras condenas) por injuriar gravemente al rey en las canciones que cuelga en Youtube.  




Pero el límite de la Corona para la libertad de expresión no solo afecta a dibujantes y raperos. No. La semana pasada un hombre fue condenado en la Audiencia Nacional a pagar una multa de 800 euros por insultar a Juan Carlos I en su Facebook. Entre otras lindezas, el señor escribió que el monarca emérito es un "corrupto" y un "mal parido". ¿Y usted? ¿Ha insultado alguna vez a un miembro de la familia real? ¿Se le calentó la lengua? Puede ser que sí. Pero, ¿es delito? Depende. Si lo hizo de manera pública, sí. Y las redes sociales, por mucho que sea 'su' Facebook o Twitter personal, son un foro público. 

"Tengo la sensación de que ahora hay más casos de delitos de opinión, como injurias a la Corona, enaltecimiento o injurias graves entre ciudadanos. Esto tiene que ver con las nuevas tecnologías y el hecho de que ahora es mucho más fácil dar publicidad a las opiniones que antes se quedaban en la intimidad", explica Daniel Amelang, abogado de la Red Jurídicaque defendió en la Audiencia Nacional la inocencia del hombre condenado por insultar al monarca en Facebook.

Pero, ¿por qué se sancionan las injurias a la Corona? ¿Qué bien jurídico pretende proteger este delito?  "La justificación de este delito es que, según el legislador, injuriar o calumniar a la Corona conlleva un efecto lesivo para toda la sociedad ya que la Corona es la más alta institución del Estado. Por tanto, el delito no protege al rey en tanto que individuo o persona con un honor y unos sentimientos, sino que que pretende proteger a toda la sociedad en tanto que está representada por la jefatura del Estado, que es la Corona", prosigue Amelang. 

Por tanto, nos encontramos ante un tipo penal que otorga una protección especial a la Corona. El rey, como persona que encarna la "unidad" y "permanencia" del Estado, está más protegido que el resto de las instituciones del Estado y que el resto de españoles. Por tanto, injuriar o calumniar a la Corona tiene un castigo más elevado que injuriar o calumniar a cualquier otro ciudadano del país. 

¿Y qué opina Europa de la protección especial que el Código Penal español otorga a la Corona? El Tribunal Europeo de Derechos Humanos se lo dejó claro a España: proteger de manera especial al jefe del Estado, es decir al rey, en materia de injurias y calumnias no se ajusta al espíritu del Convenio Europeo de Derechos Humanos que España suscribió. Lo hizo, precisamente, en la sentencia que condenó a España por vulnerar la libertad de expresión de Arnaldo Otegi, que había sido condenado a un año de prisión por decir que el rey Juan Carlos I era el "jefe de los torturadores" en una rueda de prensa. El TEDH dio amparo a Otegi del delito por el que había sido condenado, pero ya era tarde. Se había pasado un año a la sombra.

También ha mostrado su rechazo a esta sobreprotección a la figura del monarca el Comité de Ministros del Consejo de Europa, que ha señalado que las instituciones "no deben estar protegidas por el derecho penal" y que en caso de existir tal protección, ésta debe aplicarse "de manera muy restrictiva" de modo que se evite a toda costa "limitar la libertad de crítica" de los ciudadanos. Es más, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha reiterado su "preocupación" por la existencia de delitos que protegen especialmente "las faltas de respeto por las banderas y los símbolos o la difamación del jefe de Estado". "Las leyes no deben establecer penas más severas según cual sea la persona criticada", dice la ONU. 

El mensaje de los citados organismos internacionales es meridianamente claro: la libertad de expresión es un derecho fundamental y debe ser casi sagrado. Estados Unidos, por ejemplo, no recoge ninguna protección especial de tipo penal para la figura del presidente de los Estados Unidos y permite, según la jurisprudencia creada por el Tribunal Supremo, quemar la bandera del país como forma de protesta política. La primera enmienda de la Constitución americana, la de la libertad de expresión, está por encima de todo lo demás.  

"Cuando el Estado protege de un modo especial a Corona por ser la más alta institución del Estado está cargándose la idea de cómo debe ser la libertad de expresión en una democracia. Si se priva a los ciudadanos de la posibilidad de hacer una crítica, por muy fiera o despiadada que sea, a la institución más elevada del sistema constitucional, se está arrebatando a la ciudadanía un derecho básico", explica la jurista experta en Derecho Penal Isabel Elbal, del despacho Boye & Elbal

Las directrices y recomendaciones de los organismos internacionales han sido desoídas tanto por la Audiencia Nacional como por PP, PSOE y, en esta última legislatura, Ciudadanos. Si Francia despenalizaba en 2013 las injurias a su jefe de Estado, el presidente de la República, el Congreso de los Diputados de España rechazaba en noviembre de 2016, y no era la primera vez, la despenalización de las injurias a la Corona. Lo hacía con los votos de PP, PSOE y Ciudadanos, que tumbaban de esta manera la propuesta de ERC, que sí contó con el respaldo de Unidos Podemos y del Grupo Mixto. 

¿Qué críticas a la Corona son castigadas penalmente?
Obviamente, no todas las críticas a la Corona son delito en España. Concretamente, ¿qué castigan los tribunales españoles cuando hablamos de injurias a la Corona? Responde Isabel Elbal, que también imparte clases sobre el TEDH en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid:

"Lo que están castigando nuestros tribunales son aquellas ofensas que consideran 'gratuitas' o "innecesarias' para la crítica que se quiere realizar y que, por tanto, vulneran el honor y la dignidad de la Corona. En este sentido, la jurisprudencia nos repite que la Constitución no otorga el derecho al insulto y mucho menos a la Corona. Sin embargo, considero que ninguna crítica es innecesaria o gratuita. Una cosa diferente es que el ciudadano utilice términos que los tribunales consideran inadecuados o fuera del supuesto sentido común... pero es que la ciudadanía, cuando se expresa, no tiene por qué seguir los cánones de la buena educación y no tiene ningún sentido imponer multas o penas de prisión de hasta un año por utilizar palabras que sobrepasan eso que llaman 'buen gusto'. La buena o mala educación no puede estar asociada al Código Penal".  

Así, la sentencia a los dibujantes de El Jueves consideró que el objetivo del dibujo era tildar al entonces príncipe de Asturias de "vago y, por ende, codicioso", por lo que la revista había traspasado "la delgada línea roja que separa la sátira muchas veces feroz y hasta despiadada para situarse en el puro insulto y el vilipendio innecesario". En esta ocasión, como se ha señalado anteriormente, la Justicia justifica su condena en el "insulto y el vilipendio innecesario".  

Más casos. El exmilitar Martínez Inglés fue condenado a pagar 6.480 euros por publicar en el diario digital Canarias-Semanal un artículo titulado ¿Por qué te callas ahora?  en el que se refiere a Juan Carlos I como "el último representante en España de la banda de borrachos, puteros, idiotas, descerebrados, cabrones, ninfómanas, vagos y maleantes". La misma pena fue impuesta al entonces alcalde de Puerto Real (Cádiz), José Antonio Barroso (IU), por  calificar como "corrupto" e "hijo de un crápula", entre otros, a Juan Carlos I. Ambas sentencias argumentan que los insultos son "innecesarios" para la crítica que se quiere realizar, por lo que deben ser castigados con el Código Penal. 

Un delito de odio muy especial

Otro límite que ha impuesto la jurisprudencia es la quema pública de imágenes de los monarcas en protestas políticas. La situación se ha dado en varias ocasiones. La más famosa sucedió el 13 de septiembre de 2007 durante una visita de los reyes a Girona. Durante una concentración de corte independentista varios jóvenes encapuchados prendieron fuego a una imagen tamaño real de los monarcas. Dos jóvenes fueron condenados a una multa de 2.700 euros cada uno.

El Tribunal Constitucional justificó la condena contra ellos al considerar que la quema de imágenes del monarca suponía una manifestación "del discurso del odio" ya que animaba a la violencia contra los monarcas. 

"La escenificación de este acto simbólico traslada a quien visiona la grabación videográfica la idea de que los monarcas merecen ser ajusticiados, sin que deba dejar de advertirse además que el lóbrego acto provoca un mayor impacto en una sociedad democrática, como la española, que de forma expresa excluye en su Constitución la pena de muerte", recoge la sentencia, que dice que la "quema en público" de la fotografía de una persona comporta "una incitación a la violencia contra la persona y la institución que representa, fomenta sentimientos de agresividad contra la misma y expresa una amenaza". 

La sentencia es llamativa porque justifica la condena por un delito de injurias a la Corona por ser una manifestación más del conocido como delito de odioun tipo penal creado, precisamente, para evitar la discriminación que sufren colectivos vulnerables. "El TEDH había dicho a España que el único límite a la libertad de expresión debe ser la incitación al odio y/o a la violencia. Pues en esta sentencia la Justicia inventa un nuevo concepto de delito de odio consistente en rechazar a una persona pública, con el fin de excluirla de la vida pública, incluyendo ideas para su 'eliminación física'", explica Elbal.

Sin embargo, los jueces no se ponen de acuerdo a la hora de evaluar actos relativamente similares. Apenas unas semanas después de la quema de imágenes de los monarcas en Girona, y como protesta por el proceso abierto contra los dos jóvenes condenados, se produjo una quema masiva de fotocopias de imágenes de los monarcas. La Audiencia Nacional imputó a 16 jóvenes por un delito de injurias contra la Corona. Sin embargo, la Fiscalía modificó su acusación en mitad del proceso para pedir para ellos una "falta leve de perturbación del orden público".El juez José María Vázquez Honrubia decidió absolver a los acusados teniendo en cuenta el "injustificado" cambio de criterio del Fiscal. 

Algo similar sucedió durante la Diada de 2016. Cinco jóvenes fueron acusados de injurias a la Corona por quemar fotocopopias de la imagen de Felipe VI. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu archivó la causa "al no constar debidamente justificada la perpetración del delito" contra la Corona y ultraje a España. 

Más educación y menos Código Penal

Los organismos internacionales han recomendado a España, por tanto, la despenalización de las injurias a la Corona y han apostado por dejar en el ámbito de la justicia civil todo conflicto con injurias y calumnias relativos al "honor". Asimismo, también han recomendado que las penas por este tipo de delitos nunca impliquen penas de prisión ya que se podría "desincentivar" el uso de la libertad de expresión, una consecuencia inasumible para una democracia. 

"Si se aplicara correctamente la sentencia del TEDH contra España por vulnerar el derecho a la libertad de expresión de Arnaldo Otegi tendríamos la derogación de facto de los delitos de injurias contra el rey. Lo que parece  es que los jueces no están dispuestos a modificar su doctrina y priman el honor del rey a la libertad de expresión de los ciudadanos", denuncia Elbal. 

En este sentido, Mónica Cornejo, doctora en Antropología en la Universidad Complutense, apuesta por la despenalización de los delitos de opinión. Tanto los de ofensa a los sentimientos religiosos como el de injurias a la Corona, que es el que nos atañe. "A la vista de cómo han ido evolucionando, es mejor dejar al Código Penal fuera. Desde un punto de vista de investigación social, teniendo en cuenta a quién se está deteniendo y a quién se está juzgando, está claro que los delitos de opinión se están aplicando con un sesgo político. Se están penalizando sentimientos, ofensas o expresiones críticas", denuncia Cornejo. 

Desde su punto de vista, la penalización de este tipo de conductas solo sirve para que cuatro o cinco años después de un determinado escándalo haya una sentencia ejemplar sobre el asunto y para que los gobiernos de turno puedan ponerse medallas sobre lo rápido que actúan para atajar un problema; en muchos casos con detenciones y la creación de nuevos delitos. "Necesitamos tratar este asunto de un modo mucho más pedagógico. Que haya más campañas de sensibilización sobre cómo usar las redes sociales, sobre el respeto a los demás o los límites de lo que se puede y no se puede hacer. Pero esos límites no tienen por qué estar en el Código Penal. Necesitamos más educación y menos Código Penal para estos delitos de opinión", concluye. 

publicado en "Público"

La Carta de Derechos Sociales promoverá una ILP contra la pobreza y la exclusión social


Representantes de la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria han dado a conocer una iniciativa por los derechos sociales; más concretamente, en contra de la pobreza y la exclusión social y a favor de un sistema público y de calidad de protección social. 



Esta es la nota emitida por la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria en la que se explican las razones del registro de la citada Iniciativa Legislativa Popular:

La Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria, compuesta por la mayoría sindical, los movimientos sociales más relevantes y por entidades de la economía social y solidaria (como REAS y Olatukoop) ha decidido que en los próximos meses va a realizar una campaña, a través de sendas Iniciativas Legislativas Populares (ILPs) en la CAPV y en Navarra. El objeto de estas ILPs es atajar la pobreza y la exclusión social y reclamar un sistema público de protección social de calidad.

¿Qué es una ILP?

Las ILPs son propuestas de ley que se impulsan desde la sociedad civil. Son una herramienta que ofrecen las instituciones para fomentar la participación social. Para que una ILP llegue a ser tratada en el Parlamento Vasco se requiere el aval de 10.000 firmas. En Navarra la cifra es del 1% del censo electoral autonómico (unas 5.000 firmas). La Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria espera superar ampliamente estas cifras.

Una vez superados los trámites de las Mesas de los Parlamentos, esperamos estar en disposición de realizar el trabajo de recogida de firmas y de explicación de la iniciativa entre los meses de abril y junio.

A pesar de sus limitaciones consideramos que es posible utilizar ese mecanismo para poner en el centro del debate político medidas concretas para mejorar el sistema de garantía de ingresos y el derecho de acceso a una vivienda.

¿Qué planteamos en estas ILPs?

Las medidas concretas recogidas en esta iniciativa pretenden mejorar la realidad de las políticas de ingresos mínimos garantizados y el derecho al acceso a una vivienda digna.

Sobre los ingresos garantizados (RGI o Renta Garantizada en Navarra) se plantea volver a retomar la referencia del Salario Minimo Interprofesional, de modo que a las personas que vivan solas se les garantice unos ingresos equivalentes al 100% del SMI. Además, se plantea una mejora sustancial de la escala, para que las unidades convivenciales de 2 personas tengan garantizados unos ingresos del 150% del SMI, y que esos ingresos sean del 200% del SMI para 3 o más personas. De este modo se pretenden revertir los recortes que se han aplicado en los últimos años, especialmente en la CAPV, aunque la desindexación del SMI también está repercutiendo en recortes generales en Navarra.

En materia de vivienda las ILPs van a reconocer de manera efectiva el derecho de la ciudadanía a que las instituciones les ofrezcan una vivienda de alquiler social, sin que en ningún caso ese derecho pueda ser sustituido por una prestación económica.

La imposibilidad de acceder a una vivienda digna y la falta de ingresos mínimos son dos causas que llevan a que la pobreza sea una realidad cada vez más importante entre colectivos cada vez más amplios. Las instituciones de Euskal Herria tienen competencias para adoptar políticas que protejan a la ciudadanía en estas materias. La Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria exige a quienes nos gobiernan que pongan las instituciones al servicio de la mejora de la calidad de vida de la mayoría. Solo hace falta voluntad política para ello.