viernes, 21 de julio de 2017

Pablo Iglesias pide no criminalizar el "1 de octubre" y apuestas por un referéndum pactado

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha rechazado este viernes "criminalizar" la consulta del próximo 1 de octubre, e insiste en que la solución pasa por un referéndum pactado que permita avanzar hacia una fórmula de "soberanías compartidas" en un nuevo encaje constitucional de Catalunya.



En una entrevista en TVE, Iglesias ha criticado la "enorme torpeza" del PP por llevar al Tribunal Constitucional el Estatuto de Catalunya, y ha retirado que la solución a un problema político tiene que ser igualmente política y democrática.

Se mostró convencido de que el 80% de los catalanes desean ese referéndum y de que "más temprano que tarde" podrán votar para decidir su futuro. En ese momento, precisó, su propuesta será que Catalunya siga en un proyecto "colectivo" pero reconocida como nación con un nuevo encaje en la Constitución y mayor nivel de autogobierno, y auguró que será la opción mayoritaria.

Iglesias defendió la posición de Ada Colau como alcaldesa de Barcelona ante la consulta de octubre, al asegurar que es una "barbaridad criminalizar" esa expresión política pero a la vez "proteger el Ayuntamiento y las instituciones" para que puedan seguir sirviendo a los ciudadanos, algo que considera "razonable".

TAPANDO CORRUPCIÓN CON CATALUNYA

De cara a esa consulta, lo que le gustaría sería una movilización política "en libertad" y a partir del día siguiente "ponernos a trabajar para un referéndum de verdad, con garantías, vinculante", en el que no solo haya opción de independencia sí o no, sino una tercera para ese nuevo encaje constitucional.

Sin embargo, reconoció su "preocupación" porque el PP está "utilizando Catalunya para tapar su corrupción" y por ello no descarta una medida "represiva" que solo conseguiría "echar gasolina al fuego".

Ha alertado, en ese punto, de que le parece "una barbaridad" que alguien pueda ir a la cárcel por poner urnas, y que pretender que sean la Policía y los jueces quienes solucionen el problema es "una enorme torpeza" propia de quien "no está preparado para gobernar".

Al ser preguntado por sus coincidencias con el PSOE en este ámbito, ha subrayado que los socialistas han dado pasos que, pese a ser "cortos", son "menos que nada" y pueden ser "el preludio del paso que corresponde".

Por ello, después de reconocer que España es plurinacional pero limitar al ámbito cultural el reconocimiento de Catalunya como nación, cree que el PSOE culminará ese paso para reconocer además "alguna fórmula de soberanías compartidas".

Pese a las diferencias, considera que para gobernar España hay que entenderla, y que el PSOE y Podemos tienen un camino "muy interesante" que recorrer aunque "lo van a torpedear por todos lados" y ya está puesta en marcha "la maquinaria" para evitar que el entendimiento pueda concluir en un gobierno conjunto.

“No pedimos impunidad, pedimos justicia” (Familiar detenidos Alsasua)

El proceso sigue abierto y pendiente de juicio, así que todo son supuestos. La instrucción del caso sostiene que el 15 de octubre de 2016 dos guardias civiles (un sargento y un teniente) que no estaban de servicio y sus respectivas parejas fueron agredidas durante una pelea en un bar de Alsasua, una pequeña localidad de Navarra. Uno de los agentes terminó con una fractura de tobillo y las otras tres personas sufrieron policontusiones y magulladuras de carácter leve. Un mes después de los hechos, fueron detenidas ocho personas. En total hay 11 imputados, entre ellos dos menores de edad.La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado penas de 50 años de prisión por lesiones terroristas para seis de los acusados; 62 para otro de ellos, al que suma la acusación de amenaza terrorista, y 12 para otro de ellos, al que solo imputa este último delito.
 
 LA MAREA conversa con el padre de uno de los tres jóvenes que siguen en prisión preventiva. Pide que no revelemos su nombre para no restar protagonismo a las familias de los demás acusados
 
 
 
¿En qué momento del proceso se encuentran?
El día 4 de este mes salieron las peticiones de penas, que son estrambóticas. Piden 375 años para los ocho imputados, desde 62 años para el que más, hasta 12 y medio para el que menos. Estamos desencajados ante la desproporcionalidad con la que se ha tratado el tema desde el principio. Ahora estamos a la espera de juicio, se espera que sea en otoño.
 
¿Por qué están tardando tanto?
Nos están diciendo que las cosas suelen ir más lentas pero que en principio lo están acelerando. Aquí hay tres encarcelados. Se llegó a decir que fue un linchamiento de 20, 40 personas, pero después imputaron a 11 personas, entre ellas dos menores, y seguimos sin entender el tratamiento que se le ha dado a todo esto, una pelea de bar a altas horas de la madrugada.
 
¿Cómo están los detenidos?
Bueno, uno es hijo mío. Ellos en principio están en régimen FIES [Ficheros Internos de Especial Seguimiento], con tratamiento de terrorismo y las condiciones que ello requiere. Está todo intervenido, las comunicaciones, las cartas… Cuando vas a la visita en el auditorio, están encerrados con llave. En el caso de mi hijo estamos hablando de un chaval de 21 años al que se trata de terrorista. Es muy dura esta situación. Al principio estuvieron en la prisión de Soto del Real los tres, en módulos diferentes, pero hace poco más de un mes los trasladaron a cárceles diferentes de Madrid.
 
¿Qué ha cambiado en el pueblo desde que empezó todo esto?
Lo criminalizaron. Este es un pueblo muy dinámico, toda la vida ha venido gente de otras partes del estado, de Extremadura, de Castilla… Este es un pueblo variopinto que siempre ha recibido con los brazos abiertos a la gente, un pueblo que está totalmente unido. Han conseguido el efecto contrario de lo que querían. Estamos desbordados por el despliegue de solidaridad, se respira en la calle. Se creó una plataforma de apoyo a los detenidos, y ayer en Pamplona esta plataforma organizó una manifestación y llenó la Plaza del Castillo, que no es un trabajo fácil.
 
¿Cómo ha cambiado Alsasua desde aquella noche de octubre?
Esto lo han sacado de madre los medios de comunicación. Pensamos que esto puede estar orquestado desde antes. Una pelea de barrio, a las cinco de la mañana, con alcohol… Eso ha ocurrido en todas partes cada dos por tres. Hace poco hubo una en Lugo y otra en los sanfermines. Cuando en esos casos hay atentado contra la autoridad, se dirime en un juicio rápido, cuatro o seis meses de cárcel, la denuncia correspondiente y no va a más. En este caso le han dado todo el matiz político que han querido. Aquí cuando ETA dejó la actividad armada, se respiraba un clima normal, no había ese distanciamiento que han querido mostrar. Una de las novias de los guardias civiles llevaba 15 días en el pueblo y habló de Alsasua como si llevara toda la vida, poniendo en boca de gente del pueblo actividades que no se han dado ni en la época más difícil de Alsasua. Es terrible el tratamiento que se le ha dado este tema, las mentiras que se han vertido sobre el pueblo… Por ejemplo, aquí hay una carretera que divide el pueblo por la mitad. Muchos medios dijeron que uno de los márgenes, la parte del casco viejo, era la zona abertzale y la otra la nacional, cuando la realidad es que aquí en cualquier parte del pueblo se respira tranquilidad y normalidad. Es estrambótico.
 
¿Cómo ha enturbiado esto la percepción en el pueblo hacia los cuerpos de seguridad?
El temor está ahí. Han implicado a chavales por el hecho de estar ahí, y en este caso podría haber sido cualquiera que estuviera en el bar o fuera. Imagino que ahora levantarán el pie del acelerador en montajes de este tipo porque la gente no es tonta y se da cuenta de que esto está totalmente fuera de sitio, porque se les ha ido de las manos.
 
¿Alguien del entorno de la Guardia Civil se ha solidarizado con ustedes?
Sí. Mira, incluso el coronel jefe de la Guarda Civil en Navarra, cuando pasó toda esta vorágine a finales de noviembre, hizo una intervención pública que no trascendió a nivel nacional. Estamos hablando del coronel jefe de la Guardia Civil en Navarra. Dijo que Alsasua no es territorio hostil, que es un pueblo normal, con convivencia normal con la Guardia Civil.
 
El juez Baltasar Garzón, que ejerció en la misma Audiencia Nacional que ahora juzga este caso, volvió a repetir hace unos días que había una actuación desorbitada por parte de la Justicia. El fiscal Perlas pide en total 375 años de cárcel. En opinión de ustedes los familiares, ¿qué sería lo justo?
Nosotros no somos jueces. Lo primero que pedíamos era presunción de inocencia, que no la hubo en ningún momento. Desde el principio se criminalizó a los chavales. También pedimos que se haga una investigación real de los hechos, porque la instrucción de este caso se hizo basándose únicamente en el testimonio de los guardias civiles y sus compañeras. Pedimos justicia, proporcionalidad, que se juzgue esto en la verdadera medida de lo que fue. No pedimos impunidad. Estamos hablando de una pelea a las cinco de la mañana que acaba con un tobillo roto. Llegaron a decir que fue un linchamiento de 50 personas, pero si así hubiera sido, los habrían matado.
 
Los imputados son personas jóvenes sin antecedentes. ¿A qué se dedicaban? ¿Cómo les está afectando todo esto?
Imagínate. El mayor tiene 30 años, ese salía de trabajar y se asomó allí por casualidad. Le marcaron y ahora está imputado y podrían caerle 60 años encima. El resto son chavales, la menor tiene 17 años. Son estudiantes. Te puedo hablar de todos porque esto es un pueblo de 7.000 habitantes. Mi hijo es estudiante, aficionado al deporte, hacía una vida normal. No estaba metido en política, a pesar de lo que han dicho. Chavales normales, cada uno con su ideología, que están estudiando, haciendo vida normal. No les dan libertad porque, según el auto, son hijos de familias arraigadas, y el propio arraigo dicen que puede provocar que les facilitemos la huida. Antes eran los desarraigados los que podían huir en un caso así, pero en nuestro caso dicen que nosotros podríamos facilitar su huida. Es totalmente desproporcionado. Aquí la concentración de ayer fue tan multitudinaria porque la gente ve lo que está pasando. Por desgracia eso no se ve fuera, no trasciende más allá de los medios locales.
 
Muchos medios han difundido una versión caricaturizada de ustedes: familias sombrías, ultranacionalistas, del entorno de ETA… ¿Usted cómo responde a eso?
A mí me produce risa. Yo no soy ultranacionalista ni mucho menos. En el grupo hay gente de ideologías totalmente diferentes. Lo estamos llevando en grupo porque todo esto no es más que una pelea de barrio y no lo estamos politizando como lo han querido politizar ellos. Cada uno tiene su forma de pensar, pero eso no es un crimen. Otra cosa es que actúes de forma violenta. No hay nadie del grupo que sea una persona violenta, nadie ha estado nunca detenido… Que nos criminalicen así no es más que otra parte del relato que están generando sobre este tema.
 
¿Han recibido alguna amenaza?
No. Más allá de lo que se ha publicado en algunos medios, no hemos recibido amenazas personales.
 
¿Destacaría alguna muestra de solidaridad que le haya marcado de forma especial?
Las más cercanas. Todas esas muestras son muy importantes y las agradecemos todas. El 26 de noviembre a la primera manifestación que se hizo acudieron 20.000 personas. Imagínate 20.000 personas manifestándose en silencio en un pueblo de 7.000 habitantes. Vas por la calle y te están dando abrazos, el apoyo de decir “esto hay que desmontarlo, es una vergüenza”. La solidaridad de todo el mundo es muy importante, desde la más cercana hasta la que viene de Europa, pero ese apoyo cálido y cercano de un abrazo es el que te llega más.
 
¿A que se agarran en estos momentos para mantener la esperanza?
A la justicia. No pedimos otra cosa que justicia. Viendo cómo se están desarrollando las cosas, tenemos miedo, pánico. Estamos totalmente desamparados. Se ha establecido un relato totalmente diferente al real y no sabemos a qué obedece todo esto. El apoyo de la gente es lo que hace que podamos tirar para adelante y seguir luchando. Solo pedimos justicia.

jueves, 20 de julio de 2017

Las condenas de Gdeim Izik son un castigo político contra todo el pueblo saharaui

Aminatou Haidar considera que estas sentencias "son un castigo político contra todo el pueblo saharaui, contra su resistencia pacífica y contra la comunidad internacional"

La madrugada del 19 de julio fue larga para quienes esperaban el veredicto del juicio a 24 saharauis acusados del asesinato de 11 gendarmes marroquíes el 8 de noviembre, durante el desmantelamiento en 2010 del campamento Gdeim Izik, conocido también como 'Campamento de la Dignidad', a 14 kilómetros de El Aaiún, capital del Sáhara Occidental. En él, miles de manifestantes pedían el fin de la ocupación, y además de los agentes marroquíes, murieron dos civiles saharauis.
El escenario de la noche del martes no parecía favorable para los detenidos, confesó desde la puerta del Tribunal uno de los defensores de derechos humanos a eldiario.es. El despliegue policial en los barrios donde residen los activistas saharauis de El Aaiún, la falta de luz en el Tribunal de Apelación de Salé mientras los observadores internacionales esperaban en la calle el resultado, y el aumento de agentes secretos en Salé "hacían esperar sentencias duras".
Y se cumplieron los pronósticos. Después de 20 horas de deliberación, el Tribunal de Apelación de Salé dictó penas similares a las ya impuestas por el Tribunal Militar de Rabat en 2013. Castigos desde la cadena perpetua para siete saharauis, hasta lo más livianos, 20 años de cárcel para otras tres personas. En esta ocasión, dos presos quedaron en libertad por haber cumplido la condena durante los siete años que han estado en prisión.
Diech Daf, condenado a seis años y medio, y Bakay Arabi a cuatro años y cinco meses, quedaron en libertad y llegaron haciendo la señal de la victoria a las viviendas que los saharauis alquilan en Salé para visitar a sus familiares en la cárcel. "No tengo expresión, nuestra alegría es incompleta mientras que nuestros compañeros estén en la cárcel. No vamos a sentarnos, vamos a estar de pie para liberar a todos los saharauis en las prisiones", confesaba Diech a la televisión Smara News.

"Nadie se deja engañar"

Los condenados "están en plena forma", ha asegurado Claude Magis, la esposa de Naama Asfari, considerado el cerebro del campamento, que ha sido sentenciado a una pena de 30 años. Esta profesora francesa, varias veces expulsada de Marruecos, denunció telefónicamente que "han sido condenados sin pruebas, y nadie se deja engañar. La ONU tiene todo lo necesario para condenar a Marruecos. Todo está escrito y lo recibirán".
Campamento de Gdeim Izik
Campamento de Gdeim Izik
El presidente de la Coordinadora de las familias y amigos de las víctimas marroquíes, Ahmed Atertour, ha afirmado en declaraciones a la prensa que las penas son "equitativas para las dos partes" al no haberse dictado "pena de muerte" para ningún acusado. También agradeció a las asociaciones de la sociedad civil y a los abogados, marroquíes y extranjeros el apoyo a los familiares de los gendarmes fallecidos.
Aminatou Haidar, defensora saharaui de los derechos humanos y una militante en favor del derecho a la libertad y al autodeterminación del Sáhara Occiental considera que estas sentencias "son un castigo político contra todo el pueblo saharaui, contra su resistencia pacífica y contra la comunidad internacional", según explicó a eldiario.es. Es crítica con Marruecos porque, dice, "por desgracia, el aparato judicial marroquí no es absolutamente independiente y esta directamente dirigido por el Palacio Real Marroquí".

Un juicio para "maquillar" el proceso militar 

En 2013 el Tribunal Militar de Rabat dictó sentencia contra los 24 saharauis con condenas de los 20 años a la cadena perpetua. Después de tres años el Tribunal de Casación de Rabat la anuló. Marruecos decidió emprender un nuevo juicio tras la decisión del Comité de la ONU contra la Tortura de noviembre de 2016 que consideró que el país había vulnerado las Convención contra la Tortura en relación al acusado Naama Asfari. Entonces se inició de nuevo el juicio ante un tribunal civil "para demostrar que en Marruecos no se tortura", asegura Juan Soroeta, profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad del País Vasco.
Para este experto en Derecho internacional, que participó como observador internacional en ambos procesos, el objetivo era "maquillar" un juicio militar que "había sido irregular desde todos los puntos de vista". "El Tribunal de Casación estableció que no existían pruebas, y que no existían vínculos entre las personas procesadas y los fallecidos, de quienes no había autopsia", recuerda.
Sin embargo, la prensa marroquí achacó la anulación del tribunal militar a "no tener competencia". La Constitución de 2011 contemplaba que un tribunal militar no tenía competencia para procesar a civiles pero "no había un desarrollo de la ley", detalla Soroeta.
Solo dos días antes del veredicto, Amnistía Internacional y Human Rights Watch enviaron un comunicado advirtiendo de que las autoridades judiciales marroquíes debían asegurarse de que las sentencias que se dictaran en "un juicio masivo no se basan en confesiones o declaraciones que involucren a otros acusados y obtenidas mediante tortura u otros malos tratos durante los interrogatorios policiales".
El campamento Gdeim Izik se creó el 10 de octubre para exigir derechos sociales, políticos y económicos. Comenzó con 9 personas, y llegaron a reunirse hasta 20.000 ciudadanos acampados en jaimas, las tiendas de campaña de los pueblos nómadas. A los 21 días del asentamiento, las leyes internacionales hubieran permitido que fuese declarado campamento de refugiados. Pero para eso era necesaria la intervención de la MINURSO, la misión de la Organización de las Naciones Unidas para el Sáhara. Una posibilidad que no se dio porque este organismo se mantuvo al margen.
Entre los observadores, llegó el martes Mans Andersen, ex relator especial de la ONU, que calificó la detención de "arbitraria". Algo que se toma como una señal de que las instituciones internacionales reaccionarán y "se verán obligados a negociar con el Frente Polisario", piensa Claude Magin

Sonia Moreno en"El Diario.es"

miércoles, 19 de julio de 2017

Marruecos condena a cadena perpetua a ocho de los saharauis de Gdeim Izik

El Tribunal marroquí, parcial y dependiente según han denunciado diferentes observadores internacionales, acaba de hacer pública las condenas impuestas a los defensores saharauis de los derechos humanos, injustamente encarcelados desde la represión desatada contra el campamento de la dignidad, conocido como Gdeim Izik.
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Las condenas impuestas, desde la cadena perpetua a los 20 años de prisión, en un JUICIO ILEGAL y por parte de un TRIBUNAL ILEGAL, son una muestra más del odio que el régimen marroquí demuestra contra toda la lucha pacífica del Pueblo Saharaui en defensa de los derechos humanos y en particular en defensa del derecho de autodeterminación.
  • Desde CEAS - Sahara  denunciamos que se trata de TRIBUNAL EXTRATERRITORIAL e INCOMPETENTE dado que los hechos se circunscribieron al Sáhara Occidental, Territorio No Autónomo, ocupado ilegalmente por Marruecos, y por tanto, fuera de la soberanía, competencia y jurisdicción del citado Tribunal, siendo todo el proceso llevado a cabo NULO DE PLENO DERECHO.
  • Desde CEAS-Sáhara calificamos todo el proceso como un JUICIO POLÍTICO y a los presos como PRESOS DE CONCIENCIA, basándose de forma exclusiva las condenas en confesiones presuntamente obtenidas mediante la tortura y los malos tratos.
  • Desde CEAS-Sáhara recordamos que el Comité de la ONU contra la Tortura concluyó el pasado mes de noviembre de 2016 que Marruecos había vulnerado la Convención contra la Tortura en relación a uno de los condenados, Naâma Asfari.
  • Desde CEAS-Sáhara recordamos igualmente que atendiendo a los hechos denunciados la Audiencia Nacional Española concedió el 3 de octubre de 2016 el Estatuto de Refugiado Político a Hassanna Aalia, uno de los activistas juzgado en rebeldía y actualmente residente en el Estado Español.
El Pueblo Saharaui tiene derecho a la autodeterminación, ampliamente reconocido por la comunidad internacional y clasificado como una obligación erga omnes. Este derecho, y la lucha pacífica en su defensa, NO pueden aniquilarse mediante el establecimiento de condenas injustas e infames contras personas que únicamente han mostrado su compromiso con los derechos humanos de su pueblo.
Hacemos un llamamiento a todas las personas, organizaciones sociales y de Derechos Humanos, sindicatos, fuerzas políticas y demás entidades a expresar su repulsa por esta condena a todo un pueblo, denunciarla y movilizarse ante esta ilegal sentencia.
El Pueblo Saharaui, su legítimo representante el Frente POLISARIO, y las personas saharauis defensoras de los derechos humanos, NUNCA CAMINARÁN SOLAS.

" Usar la cara de Franco. Así no, compañeros" (Miguel Guillén)

"Utilizar la imagen de un dictador sanguinario como Franco duele, sea cual sea el objetivo que se quiera conseguir, en este caso igualar con el dictador cualquier persona que no vote en la movilización que se prevé para el 1 de octubre"
 
 
 
Este martes 18 de julio, justo cuando se cumplen 81 años del golpe de estado que dio inicio a la guerra civil española, algunas calles de Cataluña se han despertado con carteles con la cara de Franco con el lema “No votes el 1 de octubre. No a la república”. Carteles que, paradójicamente, no ha colgado ningún militante de Falange, sino que han sido miembros de la asociación independentista “República des de baix” (“República desde abajo”) quienes lo han hecho.
 
Lo primero que he pensado es que ver la cara de Franco representa para muchas personas un impacto muy desagradable que puede herir su sensibilidad. ¿Por qué? Porque todavía son muchas las personas vivas que sufrieron la represión franquista. Porque fueron muchas las que fueron asesinadas por un régimen totalitario que causó el terror sin escrúpulos sobre millones de españoles. Y porque son muchos los desaparecidos en miles de cunetas y fosas comunes de todo el país. De hecho, España es el segundo país del mundo con más personas desaparecidas por causas políticas, sólo superado por Camboya. Los que tenemos (teníamos) familiares represaliados y desaparecidos sabemos qué significa todo esto. No frivolicemos, por favor.
Muy probablemente quien ha ideado esta desafortunada campaña no ha sido represaliado por el franquismo, y seguramente no tiene ningún familiar ni ningún desaparecido ni asesinado por el régimen. Obviamente puedo estar equivocado, pero no encuentro otra explicación. La banalización del franquismo, el fascismo o el nazismo es un problema que sólo superaremos con más cultura y difusión de la historia, en la escuela, en casa, en las asociaciones y organizaciones civiles. No saldremos adelante si no somos conscientes como sociedad de la dimensión de la barbarie franquista. También en Cataluña, donde hubo represaliados y represores.
 
Utilizar la imagen de un dictador sanguinario como Franco duele, sea cual sea el objetivo que se quiera conseguir, en este caso igualar con el dictador cualquier persona que no vote en la movilización que se prevé para el 1 de octubre, si es que finalmente se convoca y se termina llevando a cabo. Quizás algunos militantes de la izquierda independentista que apoyan al gobierno de Junts pel Sí, que votaron la investidura del convergente Puigdemont y que aprobaron los presupuestos antisociales de la Generalitat tienen alguna manera de ejercer influencia sobre el Govern para que convoque y organice un referéndum algún día. Porque el conflicto se debería resolver votando; en eso creo que estamos de acuerdo.
 
Hoy, determinados sectores que no movieron un dedo contra la dictadura franquista quieren erigirse en firmes defensores de la desobediencia y el desafío (algunos por edad no pudieron, otros sí). Me parece perfecto. Sin aplicar desobediencia efectiva (no sólo simbólica) hacia aquellas leyes que se consideran injustas, nunca sería posible la independencia unilateral de Cataluña. Quede claro que desobediencia era por ejemplo jugársela en la negra noche del franquismo, cuando te exponías a duras penas de prisión o incluso a ser asesinado. Hoy, algunos consideran valiente desobediencia romper fotocopias, quemar papeles o trapos o hacer tuits supuestamente desafiantes, que como mucho te pueden llevar a declarar en comisaría o en el juzgado. Creo que la comparación no se sostiene. Ahora, encima, algunos tienen el poco respeto hacia las víctimas de utilizar la cara de Franco para meter en el mismo saco a cualquier persona que no comulgue con la hoja de ruta de JxS-CUP. Quizás no son conscientes de que, haciéndolo, banalizan el franquismo. Hace falta algo más de tacto y sensibilidad; con la memoria de los represaliados no se juega. Así no, compañeros.
 
publicado en "Público"